Quince autopistas tienen rebajas a cuenta del Estado mientras no se liberan
03 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.«Merecemos una España mejor» fue el lema que el PSOE acuñó en el 2004 para impulsar a José Luis Rodríguez Zapatero en sus primeras elecciones generales. En aquella campaña, el candidato socialista prometió medidas de efecto, como retirar a las tropas de Irak, subir el salario mínimo, una ley sobre violencia de género... Pero, además, en su «compromiso para un cambio tranquilo», también abrió melones de calado, como anunciar la bajada de los peajes en autopistas del Estado. Comenzó por prometer la gratuidad total para la AP-66 (León-Campomanes) y la AP-71 (León-Astorga), las dos autopistas de su tierra. No lo cumplió, pero sí cargó a cuenta de las arcas públicas el 50 % del coste de los peajes de los conductores que hicieran al menos cinco viajes al mes por la primera de dichas vías.
La solución de Zapatero, la de rebajar para el usuario las tarifas compensando a las concesionarias desde los Presupuestos del Estado, no se utilizó para pagar la ampliación de Rande ni la circunvalación de Santiago, ni tampoco después, en el Gobierno de Mariano Rajoy, para hacer gratuito el retorno en el día en los viajes entre Vigo y Pontevedra. Dicha bonificación se cargó al bolsillo de los usuarios, al igual que las obras, que siguen aumentando los peajes un 1 % extra cada año.
Pero la fórmula de rebajas de Zapatero ha acabado por expandirse: primero, para igualar derechos con los territorios donde hay descuentos en los peajes recogidos en las bases del contrato de concesión de la autopista, y segundo, para reducir el agravio de que, en las autonomías más pujantes, los viales de pago se vayan liberando, y que otras, como Galicia, pasen a convertirse en campo minado de peajes. Desde el 2018 se han hecho gratuitos 1.029 kilómetros de autopistas de pago en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana. En Galicia, ni uno.
Ante la liberación continuada de autopistas, la Administración central se ha visto obligada a destinar desde hace siete años 402 millones de euros a minorar con bonificaciones los precios de casi la mitad de las doce autopistas estatales explotadas por concesionarias privadas.
81 millones para la AP-9
La AP-9 es ejemplo de ese comodín utilizado para rebajar con dinero público uno de los peajes más altos de España, y a ella irán a parar 81 millones del erario público en el 2025. Al final de la concesión, en el 2048, el Estado habrá pagado a Audasa 3.150 millones en rebajar para la ciudadanía unas tarifas que crecen a un ritmo mucho mayor que el coste de la vida y los salarios.
Para el primer trimestre de este año está anunciada la activación de las mismas bonificaciones en la AP-53 (Santiago-Dozón), la única autopista del Estado en la que todavía no hay forma de reducir la tarifa oficial. Antes, la misma receta para los descuentos se ha venido aplicando en la AP-15 navarra (ahora asumida por el Gobierno foral), se sumaron a las comerciales ya existentes en la AP-46 (Málaga-Las Pedrizas), y se acaban de anunciar para la AP-7 Málaga-Guadiaro, con descuentos de entre el 10 y el 50 % a mayores de los que ya aplica la concesionaria. Y no queda ahí la práctica de reducir los agravios desde el erario público: en la AP-7 a su paso por Alicante, donde la autopista toma forma de circunvalación, no se pagan peajes desde octubre, de momento a modo de prueba, pero el propio ministro de Transportes ha aludido a una cifra de 400 millones para ir avanzando el precio de su probable rescate.
Ya rescatadas y en manos del Ministerio de Transportes están desde el 2018, por unos 3.718 millones de euros, las nueve autopistas estatales quebradas, siete de ellas en el área de Madrid. No con subvención, pero sí a cuenta de reducir sus ingresos, se congelaron los precios de todas ellas entre el 2018 y el 2024, se hicieron gratuitas por las noches y ahora suben un 2 %, frente al 5,34 de la gallega AP-9.
Abel Caballero exige «rapidísimamente» una AP-9 gratuita, y de inmediato entre Vigo y Pontevedra
Abel Caballero, alcalde de Vigo, advirtió ayer de que los peajes de la AP-9 se han convertido en un «problema» para Galicia tras encarecerse en un 5,34 % este año. El regidor apuntó que, mientras no hay otra alternativa viaria razonable para circular por la fachada atlántica de la comunidad, los precios de la autopista «son ya inasumibles para la ciudadanía», recalcó.
«La autopista tiene que caminar hacia la gratuidad total», declaró Caballero, reclamando incluso celeridad al Gobierno central en asumir dicha exigencia. «Tiene que caminar, y muy rápidamente, a la gratuidad total. Una autopista que grava ir de Vigo a A Coruña y volver en 40 euros no es de recibo para los ciudadanos, no lo es. Y, por tanto, yo desde aquí quiero plantear que la autopista, y a gran velocidad, rapidísimamente, tiene que ir a la gratuidad total».
El mandatario local quiso reconocer el valor de los descuentos y bonificaciones que se han ido incrementando en la AP-9 por parte el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el 2018, pero estima que tienen que ser mayores. Así defendió la declaración de la gratuidad «de forma inmediata»: «Total, entre Vigo y Pontevedra, porque Vigo y Pontevedra somos un área urbana y no puede ser que viajar en un área urbana cueste 5 euros, no puede ser. Es el único sitio de España donde esto sucede, y, por tanto, yo solicito la gratuidad total de la autopista, y gratuidad total inmediata del tramo entre Vigo y Pontevedra», clamó Caballero.