La Xunta recuerda que la mejora depende de revisar también el modelo de reparto de recursos del Estado a las autónomas
17 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Esta misma semana, los concellos gallegos, por boca de su presidente y portavoz, han lanzado un mensaje de socorro sobre los problemas de financiación estructural que atraviesan y sobre la creciente losa financiera que suponen las competencias impropias: aquellos servicios sin la contraprestación debida en recursos, como el servicio de atención a mayores dependientes. Sin embargo, la Xunta hace un balance menos catastrofista: la Consellería de Facenda, el departamento que lidera Miguel Corgos, recuerda que los presupuestos autonómicos de este año, aprobados el mes pasado, tienen previsto repartir entre los ayuntamientos 627,3 millones de euros, lo que supone «un máximo histórico». Si se compara con la cifra del 2011, supone, según la Xunta, incremento del 75,9 %. No obstante, las quejas de los concellos, aireadas ya desde hace años, ponen una vez más el foco en que tres cuartas partes de esos fondos se corresponden con transferencias finalistas (de las cuales hay que evaluar su grado de ejecución real), es decir, que es la Xunta la que decide dónde se invierte el dinero y no el concello, que es el que conoce mejor sus necesidades.
Este tipo de financiación abre la puerta a un mayor nivel de discrecionalidad y, llegado el caso y la proximidad de elecciones, a mover los fondos en beneficio del partido que respalda la acción de gobierno. Y no parece probable que la Xunta vaya a renunciar a un instrumento tan poderoso. Con todo, desde el Gobierno gallego miran también al Estado. «Non hai que esquecer que o financiamento local, que aporta a maior parte dos ingresos aos concellos, negóciase coa Administración central no Consello Nacional de Administración Local, onde está representada a Federación Galega de Municipios e Provincias», apuntan desde el departamento dirigido por Miguel Corgos.
La financiación autonómica
En su línea argumental, la Xunta también advierte de otro problema, de máxima actualidad: la mejora de los recursos hacia los concellos está condicionada también por la mejora de la participación de Galicia en los ingresos del Estado. Y eso pasa por la revisión del modelo de financiación autonómica, ahora en el aire por el posible traje a medida para Cataluña. Facenda lleva ya tiempo proponiendo una negociación multilateral en la que se tengan en cuenta las dos variables que inciden en el sobrecoste gallego para la prestación de servicios básicos: la dispersión poblacional y el envejecimiento de la población. Es precisamente la atención a la dependencia la que está poniendo en jaque las maltrechas finanzas locales, sobre todo de aquellos municipios con una población inferior a los 5.000 habitantes.
En relación a los municipios de menor censo, la Xunta recuerda que el Fondo de Cooperación Local (dinero incondicionado que se reparte este año a los concellos) cuenta con una partida adicional de 5,4 millones de euros para discriminar positivamente a los municipios de menos de 15.000 habitantes. Una medida que desde la Fegamp se ha calificado como «parche», habida cuenta de que no resuelve, dicen, los problemas estructurales de suficiencia financiera que atraviesan las corporaciones locales.
Discrepancias con la Fegamp
La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, sostuvo este jueves en Lugo que está abierta a negociar un incremento de la inversión en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) después de que la Fegamp trasladase su malestar por las sanciones impuestas a nueve ayuntamientos gallegos por incumplimientos en la prestación del servicio. «É un servizo necesario en todlos concellos e ten que mellorarse», dijo. La conselleira, que aseguró que están en negociaciones con la Fegamp para renovar el acuerdo que tienen ambas entidades para financiar este servicio, advirtió de que la Xunta aporta actualmente el 70 % de los fondos de atención a la dependencia y que el Gobierno Central tiene una deuda con este fondo de 2.500 millones de euros desde el año 2006. Por tanto, demandó al Gobierno central que cumpla con el aumento de recursos para que la Administración gallega pueda hacer lo propio con los ayuntamientos de la comunidad. Según la Xunta, 24.000 gallegos se están beneficiando ahora del SAF. Por su parte, la Fegamp se reafirma en que tiene solicitada reunión con la conselleira desde antes del pasado verano y que sigue sin respuesta. Según sus datos, la aportación al coste del servicio es de 12 euros la hora, cuando el coste está por encima de los 20. «Non é certo que haxa negociacións», apuntan desde la Fegamp, que reta a la Xunta a que acredite con documentos oficiales que aporta el 70 % de los fondos.