El PSOE apura el cierre de la crisis de Santiago y echa a los 4 ediles díscolos
GALICIA
La expulsión es provisional de momento, pero dejaría al grupo con solo dos concejales
25 ene 2025 . Actualizado a las 17:11 h.El PSOE quiere cerrar ya la crisis que desangra a la formación en Santiago y ayer certificó, con la expulsión provisional de cuatro de sus concejales, que el punto de no retorno ha quedado muy atrás y que definitivamente está dispuesto a que su grupo municipal se quede con tan solo dos de los seis ediles que le concedieron las urnas en mayo del 2023. El partido que gobernó la ciudad (en solitario y en coalición con el BNG) durante treinta de los últimos cuarenta años recibía entonces una dura derrota electoral que lo dejaba sin alcaldía y sin un liderazgo definido dentro y fuera del pazo de Raxoi. Y el intento de control de la acción municipal por parte de la ejecutiva que surgió tras aquella debacle acabó en fricciones con los concejales, hasta que la tramitación de una ordenanza de las viviendas de uso turístico (VUT) por parte del gobierno de Goretti Sanmartín (BNG) en junio del 2024 derivó en un notorio divorcio.
El grupo municipal al completo se saltó la disciplina de voto marcada desde la dirección local. Desde entonces, la crisis no hizo más que crecer, hasta que hace una semana Ferraz sancionaba al portavoz municipal, Gonzalo Muíños, con suspensión de militancia por 18 meses e inhabilitación para cargo público por ese mismo período. La nueva escalada acabó provocando una escisión en el grupo municipal, un divorcio que venía gestándose desde hacía algunos meses y que lo ha fraccionado en dos bloques. El de los dos ediles (Sindo Guinarte y Marta Abal) que tras la crisis de las VUT volvieron a la disciplina del partido, y el de Muíños y las tres concejalas (Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez) que lo sostienen todavía en la portavocía.
Conocidos ahora como los díscolos, los cuatro fueron expulsados ayer provisionalmente del partido, lo que supone el primer paso para su más que probable retirada definitiva del carné socialista. Fue la respuesta de Ferraz a la negativa de Muíños a abandonar el grupo municipal tras la sanción de hace una semana. Y a la decisión de Rosón, Castro y Álvarez de mantenerlo en la portavocía al negarse a acudir a la reunión convocada este lunes por Guinarte para darle el relevo en el liderazgo del grupo, como había decidido la ejecutiva local.
La dirección federal del PSOE ha certificado prácticamente con esta decisión la escisión del grupo municipal, que se quedaría con solo dos concejales, su mínimo histórico, después de que las siglas del puño y la rosa entrasen en Raxoi con tres representantes en las primeras elecciones democráticas (1979) y hayan gobernado en total siete mandatos y medio, dos de ellos con las mayorías absolutas logradas por Xerardo Estévez tras la moción de censura con la que la entonces Alianza Popular lo había desalojado de la alcaldía en 1986.
Si la situación no se revierte, los díscolos acabarán como concejales no adscritos, aunque no sin antes plantar batalla. Ya han anunciado que no cederán sus actas, aunque tampoco están dispuestos a que los desvinculen de las siglas del PSOE sin pelear frente a lo que entienden que es una «inxustiza» del aparato, con lo que la crisis todavía podría tener más recorrido que el margen de tiempo que se tome la ejecutiva federal para resolver sus alegaciones. Porque alegarán. Lo anunciaron ayer. Tienen tres días para presentar alegaciones ante el instructor, aunque también pueden formular recurso en 10 días ante la comisión de ética y garantías del partido.
El alcalde socialista de Ames, Blas García, y el exregidor compostelano Xosé Sánchez Bugallo han valorado la expulsión en la red social X. «Hai cousas que teñen difícil explicación para os que formamos parte do PSdeG, polo que para a cidadanía, aínda máis», dice García, quien sostiene que los expedientados «sempre foron e serán socialistas». Bugallo, tras calificar de «tremendo o que se está a vivir no PSOE», habla de «frustración de miles de votantes» y considera «leninista e non socialista outorgar o poder ao aparato partidista por enriba da representación elixida polos cidadáns».
Los expulsados no descartan la vía judicial
El PSOE considera que los cuatro concejales han incurrido en «faltas graves e moi graves» de la normativa socialista, esencialmente por «obstrucción a la labor y decisiones» de los órganos del partido y «actuación por acción u omisión en contra de acuerdos» que afectan a las instituciones». Así lo apuntaba ayer en el comunicado con el que dio cuenta de la resolución disciplinaria y que podría concluir en la ratificación de la expulsión de los cuatro ediles (lo que la haría definitiva), aunque también en su conversión en suspensión cautelar o incluso en el sobreseimiento del expediente, aunque todo apunta a la primera como la más probable.
Desde el grupo municipal, donde los díscolos son mayoría y Muíños mantiene todavía la representación oficial de la formación, no solo están dispuestos a dar la batalla en los órganos del partido, sino que no descartan recurrir a la vía jurisdiccional. Lo anunciaban ayer en un comunicado en el que cuestionan abiertamente que se esté empleando con ellos «unha vía expeditiva disciplinaria contemplada para casos extraordinarios de extrema gravidade» —como situaciones de presunta corrupción, agresión o flagrante delito que pudiera suponer un abuso de la normativa, citan— para «alcanzar unha expulsión que xa se procurou forzar por outros medios».
Además de incidir en que el plan de la ejecutiva local, respaldado por la provincial, era forzar dimisiones en el grupo municipal para que entrase el secretario general local (iba de 11 en la candidatura), los díscolos afirman que los plazos «cos que se están a executar os diferentes movementos», con el objetivo de «laminar ao grupo municipal», son «absolutamente reveladores».
De momento, Muíños sigue al frente del grupo y como portavoz. Un informe solicitado al secretario municipal para aclarar su situación después de que el PSOE comunicase su suspensión de militancia al Concello determina que la desvinculación del grupo exige una expulsión definitiva. A ese informe se agarran las tres edilas que lo respaldan para apuntar que no se saltaron ninguna norma al no acudir a la reunión convocada para que Guinarte diese el relevo a Muíños en la portavocía. Aquella reunión era «ilexítima» y «nula de pleno dereito» al no convocarse por el portavoz, dicen.
La crisis en el PSOE complica la gobernabilidad a Goretti Sanmartín (BNG), que ahora dependerá del PSOE y de los díscolos para asegurar cualquier iniciativa plenaria. El portavoz del PP, Borja Verea, considera que esta situación supone «unha fractura total do pacto de gobernabilidade».