La Fegamp urge al Gobierno a aprobar las entregas a cuenta tras caer el decreto ómnibus
GALICIA
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Estima que los concellos y diputaciones gallegas perderán 177 millones si no se aprueba el paquete económico
30 ene 2025 . Actualizado a las 17:16 h.La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, reclamó este jueves la aprobación de las entregas a cuenta para el 2025 y la liquidación de la participación en los ingresos del Estado de 2023, que figuraban en el decreto ley ómnibus del Gobierno rechazado por el Congreso. La federación advierte que esta situación supondrá una pérdida próxima a los 177 millones de euros para los concellos y diputaciones gallegas.
El Ejecutivo central logrará dar luz verde al decreto, si bien lo hizo tras trocearlo y dando forma a uno nuevo, aprobado este martes, con 29 medidas sociales. Se incluye la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, pero no así las entregas a cuenta, que se incluirán en un futuro paquete económico, junto a otras medidas, en próximas semanas.
Según los cálculos de la Fegamp, la derogación del decreto ómnibus impidió el ingreso de más de 62 millones de euros correspondientes al incremento aprobado para las entregas a cuenta. En detalle, los municipios con menos de 5.000 habitantes dejarán de ingresar casi 2 millones de euros; los de entre 5.000 y 20.000, más de 7,5 millones; los de entre 20.000 y 50.000, más de 4; los de entre 50.000 y 75.000, más de un millón; y los de más de 75.000 censados, unos 14,5 millones. Cada una de las cuatro diputaciones dejaría de percibir 32,5 millones.
La Fegamp denuncia que también queda sin regular la liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado del 2023, lo que representa otra pérdida de casi 115 millones de euros. De estos, casi 58 millones corresponden a las diputaciones, más de 33 millones a los concellos de menos de 75.000 habitantes y casi 24 millones a los de más de 75.000 habitantes. La federación subraya que esta situación afecta gravemente a las finanzas locales y limita la capacidad de los municipios para prestar servicios.
El organismo apela a la «responsabilidade» de las fuerzas políticas parlamentarias, y al «compromiso do Goberno», para resolver con urgencia esta situación y evitar «máis agravios económicos ás entidades locais galegas».