Carlos Juárez y su esposa dominaron la provincia como señores feudales
01 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El régimen de corrupción que durante cincuenta años gobernó con mano de hierro la empobrecida provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina, comenzó a derrumbarse ayer después de que la Justicia ordenara el arresto del matrimonio Juárez, horas después de que el Congreso sancionara la ley propuesta por el Gobierno de Néstor Kirchner para decretar la intervención federal del territorio. Carlos Juárez llegó al poder de la provincia hace cincuenta años y desde entonces ha manejado el destino político provincial, aunque no tuviera directamente un cargo en la función pública. Actualmente era ministro de Economía del gobierno provincial, que encabeza su esposa, Mercedes «Nina» Aragonés. Un señor feudal El ex gobernador, de 87 años, es un ejemplo típico de lo que en Argentina se denomina despectivamente un «caudillo político del interior», que gobiernan las provincias como los señores feudales que reinaban en Europa durante el medioevo. El matrimonio montó un entramado de poder absoluto con policías, jueces, matones y periodistas a sueldo. El 57% de la población de Santiago del Estero, a 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires vive por debajo del nivel de la pobreza y más de la mitad de la que está en condiciones de trabajar tiene empleos en la Administración, después de décadas en las que imperó el clientelismo político. Orden de arresto Ayer al mediodía, el juez federal Ángel Toledo dictó el arresto del matrimonio Juárez, después de que el fiscal federal Alberto Pravia pidió la captura de la pareja. En la provincia están circulando versiones de que la gobernadora y su esposo han abandonado la provincia y se disponen a huir del país. Carlos Juárez está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una causa en la que se investigan las violaciones de los derechos humanos durante su mandato. Su esposa también está acusada por innumerables delitos, como haber ordenado el homicidio de un político de la oposición o cobrar indebidamente una jubilación. Otra de las causas que se tramita en la Justicia federal es porque el ex gobernador utilizó a la policía provincial para crear un sistema de espionaje para controlar a los periodistas, políticos opositores, jueces, diputados y religiosos. Durante la mañana de ayer, el Gobierno central informó de que el secretario de Justicia, Pablo Lanusse, será designado como interventor durante 180 días, un periodo de tiempo que puede ser prorrogable por otros seis meses. Lanusse viajará hoy a la provincia para asumir el cargo.