Imputan por homicidio a una periodista, un banquero y un militar venezolanos

?saías Rodríguez, fiscal general de la República de profesión, y poeta de vocación, desencadenó el pasado fin de semana una gran tormenta política en Venezuela al hacer públicos los nombres de cuatro conocidas personalidades de su país como presuntos autores intelectuales del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en el centro de Caracas el 18 de noviembre del año pasado. Las imputaciones van dirigidas contra la periodista Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País , Nelson Mezerhane, banquero y empresario; Salvador Ramoní, abogado, ex agente de la policía política venezolana e hijo de un conocido anticastrista del mismo nombre. También afectan al general retirado Eugenio Áñez Núñez, conocido por su posicionamiento antichavista. Los cuatro ya han sido imputados formalmente. El abogado y el militar se han presentado ante la justicia y están detenidos. El banquero y la periodista lo harán en las próximas horas. Isaías Rodríguez anunció también la inminente imputación de Jaime Escalante, general en activo, defensor de los postulados chavistas, y otras tres personas más de las que no ha dado el nombre, al menos hasta el momento. El principal testigo de cargo contra los imputados, según informaron ayer los abogados defensores, es un miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia llamado Giovani José Vázquez de Armas. Este testigo habría a los cuatro imputados y al general en activo como participantes un una reunión preparatoria del atentado que se habría celebrado en Maracaibo los días tres y cuatro de abril del 2004. Al abogado Romaní se lo acusa de haber transportado 12 kilos de explosivos desde el estado de Zulia y de haberlos vendido por 6 millones de dólares. El general Escalante ha dado cobertura en el traslado de ese explosivo. El banquero Mazerhane ya había sido llamado a declarar el pasado mes de marzo porque fue uno de los asistentes a la boda de Luis Alfonso de Borbón en la República Dominicana. En esa boda se habría ultimado la planificación del crimen, según las tesis de la acusación. Móvil económico Las primeras investigaciones que siguieron al asesinato del fiscal Danilo Anderson apuntaban hacia un móvil económico y, a pesar de que fue enterrado con honores de mártir de la revolución, se lo consideró pieza clave de una red de extorsionadores que tenían como víctimas a personalidades de la banca y empresarios que participaron, de una u otra manera con los firmantes del decreto Carmona -el presidente de Fedecámaras que se autoproclamó presidente de Venezuela por unas hora en abril del año 2002-, pero oficialmente nunca se admitió esa tesis, salvo en algunas declaraciones públicas del ministro Jesse Chacón de enero de este año. Las últimas revelaciones del fiscal Isaías Rodríguez fueron duramente criticadas por una de las hermanas de la víctima y defendidas por la otra. La oposición las acogió con estupor y alguno de sus líderes pidió públicamente que se investigue al vicepresidente Rangel y a su hijo, gobernador del estado de Sucre.

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