Las autoridades de Nueva York han diseñado un plan para blindar la ciudad de los rascacielos, en especial Wall Street, corazón financiero del mundo, y la zona cero. El objetivo es evitar un nuevo ataque terrorista en la Gran Manzana.
El ambicioso programa, bautizado como operación Centinela y contenido en 36 páginas, es obra del Departamento de Policía y permitiría, por ejemplo, fotografiar y escanear las matrículas de todos y cada uno de los vehículos que accedan a la isla de Manhattan por sus siete túneles y puentes principales, además de usar sensores especiales para detectar elementos radiactivos. También se podrán colocar hasta 3.000 cámaras de videovigilancia en las calles -por debajo de la popular Canal Street, en pleno Chinatown- y barreras móviles en determinados puntos estratégicos del Bajo Manhattan.
Dentro del mismo plan destaca un apartado especial, que se centra en la seguridad de las 6,5 hectáreas que ocupa la llamada zona cero, donde se levantaban las Torres Gemelas del World Trade Center, que se derrumbaron el 11 de septiembre del 2001 cuando dos aviones secuestrados se estrellaron contra ellas, dejando casi tres mil muertos.
Los expertos planean instalar puntos de control policial en plena calle, limitando la entrada de vehículos y registrándolos con avanzada tecnología. Los camiones de servicio de mensajería, por ejemplo, serán dirigidos directamente a unas instalaciones subterráneas donde tendrán que pasar exhaustivos controles.
La policía, que creará una unidad especial dotada con 600 agentes, confía en que todo esto no afecte demasiado al libre flujo de personas y vehículos en esta zona, una de las principales preocupaciones de las asociaciones vecinales.
La mayoría de los ciudadanos acogieron favorablemente la noticia, aunque algunos se preguntan qué nivel de seguridad es el adecuado para protegerlos y hasta dónde llegará la ciudad para evitar un nuevo ataque. Conscientes de sus derechos, los neoyorquinos, de clara tendencia progresista, expresaron sus temores de que, como ha pasado en ocasiones anteriores, sus libertades civiles puedan verse mermadas en aras de la seguridad. Otros creen que estas medidas afectarán a sus negocios, pues provocarán que mucha gente evite acercarse a la zona.
Uno de los aspectos más peliagudos es el de la financiación del programa, de un costo aproximado de 90 millones de dólares. Pese a todo, las autoridades esperan que el proyecto esté listo antes del 2010.