¿Revancha política o búsqueda de la justicia? Preguntas como esta rodean la decisión de Barack Obama de abrir la puerta al enjuiciamiento contra los que legitimaron las torturas a sospechosos de terrorismo, entre ellos altos cargos de la Administración Bush. La medida ha sido muy mal recibida en el Congreso de EE.UU., dividido entre aquellos que apuestan por crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades y aquellos que quieren una acción judicial.
«Estamos ante una caza de brujas» declaraba por ejemplo el senador republicano John McCain, para quien la idea de enjuiciar a altos cargos de la Administración Bush «no solo no es propia de este país, sino que es lo que se hace en las repúblicas bananeras donde se juzga a los Gobiernos salientes solo porque no estás de acuerdo con ellos».
Para tratar de evitar este tipo de críticas Obama apuesta por crear una comisión bipartidista, al estilo de la que se creó para el 11-S , y cuyas conclusiones no tendrían consecuencias legales, algo que la izquierda demócrata del Capitolio se opone. En una reciente entrevista, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró que «ninguno de los testigos de estos horrores deberían quedar inmunes a un castigo». A las dudas sobre hasta qué punto la Administración Obama será capaz de controlar a sus propios compañeros en el Capitolio se unen las peticiones de varios legisladores de extender la posibilidad de enjuiciamiento a los propios agentes de la CIA, algo a lo que el presidente se ha negado siempre en redondo.
Con la supuesta amnistía por lo tanto para los servicios de inteligencia, entre aquellos que si serían susceptibles de ser llevados a juicio se encuentran el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld, el de Justicia Alberto González y la de Estado Condoleezza Rice.
El rastreo de quién fue la primera persona que autorizó el uso de torturas en el Gobierno de Bush llevó ayer hasta Rice, quien habría autorizado verbalmente el uso de la asfixia simulada contra el sospechoso Abu Zubaida en el 2002. Aunque en aquel entonces era consejera de Seguridad Nacional su decisión, tomada semanas antes de que el Departamento de Justicia legalizara este tipo de técnicas, supone la primera ocasión en que alguien de la Administración Bush dio luz verde a los malos tratos contra prisioneros.