El ex presidente, de 70 años, indemnizó ilegalmente con 15 millones de dólares a su brazo derecho durante su mandato.
21 jul 2009 . Actualizado a las 00:08 h.El ex presidente peruano, Alberto Fujimori, fue sentenciado este lunes a siete años y seis meses de cárcel por haber indemnizado ilegalmente con 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, su brazo derecho durante su mandato, en la tercera condena que recibe en su país.
Fujimori, de 70 años y quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, dijo tras escuchar el fallo, que apelaba la sentencia mediante un «recurso de nulidad».
Fue lo único que dijo en toda la jornada. Antes de eso escuchó con paciencia la hora y media que duró la lectura de la sentencia, limitándose a tomar algunas notas.
El fiscal del proceso, Avelino Guillén, quien había solicitado se le condene a ocho años de cárcel, expresó su conformidad con el fallo.
La decisión del tribunal determinó que Fujimori es culpable de los delitos de peculado y falsedad ideológica y se le ordenó además pagar una reparación civil de tres millones de soles (un millón de dólares), que deberá abonar en conjunto con tres de sus ex ministros implicados en el caso.
La sentencia para este caso terminará de cumplirse el 11 de agosto de 2014.
Esta es una fecha simbólica porque las penas en Perú no se acumulan sino que prima la mayor. Por eso, la condena que Fujimori deberá cumplir será la de 25 años de prisión, dictada en abril pasado por violación a los derechos humanos.
Esta condena -actualmente en apelación- fue por su autoría intelectual de dos matanzas que dejaron 25 muertos en 1991 y 1992, a manos de un escuadrón clandestino del ejército durante la guerra antisubversiva, y por dos secuestros.
En diciembre de 2007, tras ser extraditado de Chile, Fujimori recibió una primera condena de seis años de cárcel, ya ratificada en última instancia, por haber ordenado el allanamiento ilegal de la vivienda de Trinidad Becerra, esposa de Montesinos.
La entrega del dinero a Montesinos -objeto de la sentencia este lunes- se hizo en septiembre de 2000, dos meses antes del colapso del régimen de Fujimori en medio de un escándalo de corrupción generado por el ex asesor, que obligó al ex mandatario a escapar a Japón, desde donde envió su renuncia vía fax.
La sentencia del lunes fue impuesta por un tribunal que presidió el juez César San Martín, quien antes de que el fallo fuera leído señaló que el veredicto «no es una sentencia política».
«Insistimos, no existe ningún cálculo político distinto; estimamos que la decisión tomada deriva exclusivamente de los hechos juzgados», agregó.
Su aclaración fue entendida como una respuesta al acusado, quien en su alegato final la semana pasada dijo que los juicios en su contra buscan «no tener a Fujimori libre pues cambiaría totalmente la escena política del país».
Leída la sentencia, César Nakazaki, defensor del acusado, insistió en que se trató de «un juicio estrictamente político» y que «la consigna es muy clara: que Fujimori no salga libre y que muera en la cárcel».
En contrario, el fiscal Guillén destacó la solidez de la sentencia y enfatizó que en la década fujimorista «hubo corrupción de gran significación».
Este tercer proceso, que empezó el lunes pasado y sólo tuvo cuatro sesiones, se acortó debido a que el ex gobernante admitió los hechos que concluyeron con la entrega del dinero a Montesinos, aunque rechazó haber tenido responsabilidad penal.
Guillén sostuvo días atrás que al aceptar parcialmente su responsabilidad, el ex gobernante evitó que en el proceso los testigos pudieran hacer «un relato detallado de los actos de corrupción» durante su régimen.
Fujimori había sostenido que firmó un decreto de urgencia que disponía el pago de 15 millones de dólares a su ex asesor «obligado por las circunstancias», para evitar que Montesinos le diera un golpe de Estado para derrocarlo, versión calificada como «una gran mentira» por el fiscal.