El 31 de enero del 2000, el Consejo de la Unión Europea se atrevió a imponer, por primera vez en su historia, sanciones políticas y diplomáticas a un país miembro, Austria, por el discurso xenófobo y filonazi de Jörg Haider, que había llegado al poder tras coaligarse con la derecha de Wolfgang Schüssel. Uno de los principales incitadores de ese castigo fue Jacques Chirac, que en aquel entonces era el inquilino del palacio del Elíseo, y al que Haider dedicó improperios como «fracasado» y «Napoleón de bolsillo».
Con el resoplo en su nuca del ascenso en Francia de la ultraderecha de Jean Marie Le Pen y abanderando al país de la liberté, légalité, y fraternité, Chirac fue también el principal impulsor de que el Tratado de Lisboa incluyera el artículo 7, en el que se estipulan sanciones contra el país que no cumpla con los principios y valores de libertad y seguridad de la Unión.
Pero Francia está en manos ahora de Nicolas Sarkozy y su peligroso acercamiento a las ideas ultras de Le Pen siguiendo la deriva por la que parece encaminarse Europa en estos tiempos de crisis.
Cuando hace dos años Silvio Berlusconi lanzó su cruzada contra los romaníes, tanto la Comisión Europea como la Eurocámara no dudaron en lanzar duras críticas contra esa política, tachada de racista y xenófoba. No se escucharon entonces voces discordantes entre los Veintisiete ni ataques a Bruselas como los que resonaron en el pasado Consejo Europeo.
Pero Francia no es ni Austria ni Italia. Ayer, Durão Barroso optó por frenar el enfrentamiento con Sarkozy, alimentado por la bronca poco diplomática de la impredecible comisaria Viviane Reding. La Comisión Europea evitó expedientar a París por el punto más candente: violar las normas relativas a la defensa de los derechos humanos de la minorías étnicas en Europa con sus deportaciones de gitanos rumanos y búlgaros.
El expediente suavizado se centra en cuestiones técnicas, como la «no transposición» al derecho francés de la directiva europea del 2004 que garantiza la libertad de circulación de todos los ciudadanos de la UE. Si Francia prueba que se ajusta a derecho, el procedimiento quedará congelado y se dará por zanjado el conflicto de Bruselas con el país fundador de los derechos humanos.