El asalto a la embajada británica en Teherán hay que verlo a la luz de las tensiones entre dos sensibilidades distintas dentro del régimen iraní. Por una parte está la línea del presidente Ahmadineyad, más pragmática de lo que se cree, y que consiste en intentar no responder a la agresividad creciente de Israel y sus aliados mientras prosigue con su programa nuclear. Posiblemente no pretende fabricar un arma atómica, pero sí adquirir la capacidad tecnológica que permitiría construirla en caso de sufrir un ataque. Por otra parte está la Guardia Revolucionaria, cada vez más frustrada por la campaña de atentados orquestados por los servicios secretos occidentales en Irán y que han causado la muerte de numerosos militares y científicos iraníes.
La manifestación que degeneró ayer en el asalto a la legación conmemoraba uno de estos asesinatos, el del físico nuclear Mayid Shahriari, cuyo coche saltó por los aires hace un año a causa de una bomba lapa colocada, nadie lo duda, por los servicios secretos israelíes o norteamericanos. Si la ira de los manifestantes se ha dirigido contra Gran Bretaña es porque todavía cuenta con representación en Teherán y también porque los británicos acaban de sumarse a las sanciones económicas de Washington. Los norteamericanos han declarado a Irán «paraíso fiscal», un truco ingenioso (e ilegal) que les permite castigar a bancos y empresas de otros países que negocien con Teherán.
El asalto viene a complicar mucho las cosas para el Gobierno iraní, que significativamente ha condenado los ataques. También es significativo que los asaltantes no coreasen el nombre del presidente Ahmadineyad, sino del hombre fuerte de la Guardia Revolucionaria, Qassem Suleimani, que es cada vez más popular entre los duros del régimen.