La ONU negocia el control de ese comercio para evitar violaciones de los derechos humanos
19 mar 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El día en que en la ONU intentaba una vez limitar y controlar el comercio de armas, se conocía que China se ha convertido en el quinto mayor exportador mundial de armamento por primera vez desde el fin de la guerra fría, desbancando de ese puesto al Reino Unido.
El volumen de las exportaciones de armas chinas entre el 2008 y el 2012 aumentaron 162 % en comparación con el anterior quinquenio, con lo que su participación en el comercio global pasó del 2 al 5 %, según el informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri) publicado ayer. Un aumento que se debe fundamentalmente a las ventas de China a Pakistán, su aliado calve en el sudeste asiático. Aunque las armas de la potencia mundial también acabaron en los ejércitos de Birmania, Bangladés y Venezuela.
Después de seis décadas, China «expulsa» al Reino Unido del club de los cinco grandes, en el que están Estados Unidos, Rusia, Alemania y Francia.
El mercado mundial sigue dominado por EE. UU. y Rusia, y va unido al repunte de las disputas territoriales en el mar de China, las aspiraciones nucleares de Corea del Norte e Irán y la revueltas en el mundo árabe, con guerras como la de Siria, donde el 71 % de las armas que ha comprado son rusas.
Rusia también acaparó el 66 % de las ventas a Venezuela, seguida por España y China, ambas con un 12 %, informa Efe.
Al abrirse las negociaciones para controlar el comercio de armas en la ONU, su secretario general Ban Ki-moon llamó a aprobar un «tratado sólido y eficaz». «La ausencia de reglas en el comercio internacional de armas, es inexplicable», afirmó. «Las armas matan anualmente a medio millón de personas, de las cuales 66.000 mujeres y niños», lamentó.
Los 193 Estados miembro de la ONU tienen hasta el 28 de marzo para definir las reglas de juego para este mercado de más de 70.000 millones de dólares anuales, después del fracaso de julio del 2012.
El objetivo es obligar a cada país a evaluar, antes de cada transacción, si las armas en venta pueden ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o atentados, o ser desviadas hacia el crimen organizado.