Ante la urgencia de sanear la vida política, el gobierno trabaja en un proyecto de ley en base a medidas anunciadas el miércoles: reforma del Consejo Superior de la Magistratura para «reforzar la independencia de la justicia», una ley «implacable» contra los conflictos de intereses públicos y privados a través de la «publicación y el control» del patrimonio de los ministros y parlamentarios, «prohibición de todo mandato público» para los políticos condenados por fraude fiscal o corrupción.
La hipótesis de una reorganización gubernamental rápida parece haber sido postergada. François Hollande argumentó que el escándalo Cahuzac se debe a la falta de un hombre y no a la responsabilidad del ejecutivo.
El diario Le Figaro, próximo de la oposición de derecha, estimó que «la ruptura se agranda entre los franceses y sus políticos». Según un sondeo del instituto OpinionWay, 77% de los franceses consideran que sus representantes son «más bien corruptos» y 36% sienten «asco» por el mundo político.
«La población quedó profundamente afectada y hay hoy una ruptura de confianza con el mundo político», reconoció el equipo de la presidencia.
Entre tanto, ediles y militantes socialistas tratan de cerrar filas y de contrarrestar el riesgo de un «auge de los extremos», tanto en la izquierda como en la derecha.
«Fue Cahuzac quien cometió la falta, pero ahora nos corresponde a nosotros, los militantes, reparar los daños», afirmó Jean-Pierre Bazerolle, militante socialista de la región parisina.
En un referéndum realizado el domingo en Alsacia (nordeste), los electores rechazaron una propuesta de fusión de las instancias administrativas regionales. Según ciertos ediles, ese resultado y la escasa participación en la consulta se deben al rechazo del mundo político por parte de los franceses.