Cristina Fernández insiste en la reforma judicial pese al rechazo
INTERNACIONAL
Jornada de protesta frente al Congreso, en medio de una votación
25 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Después de haber recibido varios fallos contrarios a sus intereses en su conflicto contra el grupo Clarín, la presidenta Cristina Fernández ha enviado al Parlamento seis proyectos de ley para modificar sustancialmente el funcionamiento de la Justicia en Argentina. Esto generó una polémica a nivel nacional con acusaciones y rechazos, no solo de la oposición política, sino también de organizaciones civiles y judiciales que ven en esta reforma un intento del kirchnerismo para controlar y politizar a la Justicia, con dos objetivos: ralentizar los juicios contra el Estado, situando a jueces afines, y proteger a miembros del Gobierno que pueden afrontar causas penales.
La Cámara de Diputados abrió ayer el debate y tenía previsto votar de madrugada tres de los seis proyectos, en medio de un clima de protestas dentro y fuera del recinto. El oficialismo buscaba asegurarse los votos suficientes, pero doce diputados aún no habían definido su posición. Tras el paso por la Cámara baja, el Senado votará la próxima semana los otros tres proyectos para convertir la reforma definitivamente en ley.
Frente al Congreso, partidos de la oposición, sindicatos, organizaciones sociales y empleados judiciales, que convocaron una huelga de 72 horas, mostraban su rechazo a la reforma. A media tarde eran más de 4.000 los asistentes a la marcha y a un simbólico abrazo al edificio. Además se instaló la llamada «Carpa por una Justicia Independiente» para explicar la reforma y seguir el debate en una pantalla.
También la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó ayer al Congreso argentino a rechazar la reforma judicial, porque a su entender socava la independencia del poder judicial.
Cristina Fernández dio la orden que no modificar ni una coma del texto original, pero el martes tuvo que ceder a la presión del Tribunal Supremo y accedió a devolverle a ese tribunal el manejo de los fondos del poder judicial.
Doce por voto popular
Uno de los cambios más cuestionados de lo que el kirchnerismo llama «democratización de la Justicia» es el aumento de 13 a 19 los miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces, 12 de los cuales serían ahora elegidos por voto popular; tres jueces, tres abogados y seis representantes de ámbitos académicos y científicos que deberán incluirse en las listas electorales de los partidos.
Otro punto polémico es que prevé limitar la duración de las medidas cautelares, un tema directamente relacionado con el conflicto entre el Gobierno y el grupo Clarín, que utilizó este recurso para frenar los embates jurídicos del Gobierno.