Letta planta cara a Berlusconi y pedirá la confianza del Parlamento

maría signo ROMA / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Enrico Letta, en el centro, a su llegada al palacio del Quirinal para reunirse con el presidente Napolitano.
Enrico Letta, en el centro, a su llegada al palacio del Quirinal para reunirse con el presidente Napolitano. aNGELO CARCONI < / span>efe< / span>

El órdago de Il Cavaliere desata la división en el seno de su propio partido

30 sep 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El anuncio de la dimisión dentro del Gobierno de Enrico Letta de los cinco ministros del Pueblo de la Libertad está sembrando el caos dentro del partido de Silvio Berlusconi. Así, el chantaje al que Il Cavaliere está sometiendo al Ejecutivo podría volverse al final en su contra. Aunque las dimisiones ya han sido presentadas, todos los ministros manifestaron ayer su contrariedad a la radicalización de las posturas de Berlusconi y del grupo de los duros, cercanos a él. Estos están dispuestos a todo con tal de evitar la votación del próximo 4 de octubre, que sería el primer paso para la expulsión de Berlusconi del Senado tras su condena a cuatro años por fraude fiscal.

Angelino Alfano, secretario del PDL y vicepresidente del Gobierno, declaró su evidente malestar con la decisión de provocar una crisis, al afirmar que él es «difusamente berlusconiano», mientras añadía que en el partido «no pueden prevalecer posiciones extremistas». En esa línea se manifestaron también los hasta ahora ministros Maurizio Lupi, Gaetano Quagliariello, Beatrize Lorenzin y Nunzia de Girolamo, molestos por el giro radical de su partido, el PDL.

En el ala moderada aparece además uno de los más cercanos colaboradores de Silvio Berlusconi, Fabrizio Cicchitto, quien se lamentó de que una decisión tan importante como la dimisión de los ministros del Gobierno de coalición haya sido tomada «por un reducido grupo y con la ausencia del vicepresidente del Gobierno, Alfano, y de los portavoces del Parlamento».

Tanto malestar podría tener importantes repercusiones en la votación de la moción de confianza que el presidente del Gobierno, Enrico Letta, presentará el miércoles en el Parlamento, ya que en el Senado necesita veinte votos para tener la mayoría y algunos podrían venir del grupo de los disidentes, dispuestos a un apoyo del Ejecutivo a fin de garantizar la estabilidad del país

La decisión de Letta de presentarse a una moción de confianza en el Parlamento es firme, sobre todo tras la reunión de anoche con el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que lo apoyó totalmente. «Será decisiva la aclaración en el Parlamento», explicó un presidente dispuesto a todo con tal de sacar adelante la legislatura con las reformas prometidas en su toma de poder.

En la nota difundida tras la reunión, Napolitano precisa que «ha sido examinada con atención la situación que se produjo tras las declaraciones de Berlusconi y las dimisiones de los ministros del PDL. Por ello, el presidente del Gobierno tomó la decisión, de acuerdo con el de la República, de abordar en el Parlamento la valoración de lo ocurrido y de lo que se hará».

Ya por la mañana, en un encuentro informal con los periodistas, Napolitano había asegurado que la posibilidad de nuevas elecciones la contempla solo «si no hay otras alternativas», cerrando así la puerta a las intenciones de Silvio Berlusconi, que quiere volver a las urnas, tal como declaró en la sede del partido y en una de sus cadenas de televisión: «Elecciones, lo antes posible porque no aceptamos el aumento de impuestos».

Berlusconi intenta cargar a Letta con la culpa de la crisis, esgrimiendo la no aprobación del decreto que frenaba el aumento del IVA, lo que ha hecho enfurecer al presidente del Gobierno, que se vio obligado el viernes, durante el Consejo de Ministros, a suspender el decreto por la gravedad de la situación política. Es una cortina de humo de Berlusconi para ocultar su verdadero problema: la votación para decidir su expulsión del Senado.

Además, la sentencia a un año de cárcel se ejecutará a mitad de octubre. Entonces Il Cavaliere tendrá que comunicar a los jueces si cumple la pena en arresto domiciliario o prefiere los servicios sociales.