El pacto de Estado que el Gobierno ofrece a la oposición pretende entre otras cuestiones exigir a la Unión Europea con una voz «única y unida» el apoyo a España en lo que afecta a la presión migratoria. Según el secretario de Estado, se trata de un «problema complejo y dinámico» debido a la existencia de varias rutas de entrada y a los diversos métodos utilizados por las mafias que trafican con seres humanos. El Gobierno considera que ese pacto de Estado otorgaría fortaleza a las políticas de inmigración de España que deben ser, a su juicio, «estables» y «continuadas. Las propuestas pasan por afrontar cambios normativos, pero también por reforzar las infraestructuras.
Martínez admitió en todo caso que se produjeron fallos en la actuación. La Guardia Civil llegó «tarde» al lugar de los hechos porque esperaba que se produjera un asalto a través de la valla, pero se trató de un despliegue combinado en el que el intento de entrada en España se produjo finalmente por mar. Y se mostró dispuesto a prohibir de modo taxativo en el futuro el uso de pelotas de goma en el agua, como reclamó el PSOE.
No habrá devolución en caliente
El portavoz socialista, Antonio Trevín, no descartó alcanzar más adelante un acuerdo en esta materia, aunque tanto él como el ex ministro socialista de Trabajo Valeriano Gómez vincularon ese pacto a que se asuman previamente responsabilidades políticas. «Si no hay una asunción de responsabilidad previa, yo no creo que sea posible un acuerdo, aun siendo absolutamente deseable», señaló el exministro. Más abiertamente dispuesto al pacto de Estado sobre inmigración se mostró el portavoz de CiU, aunque dejó claro que su grupo en ningún caso apoyaría las «devoluciones en caliente», algo que Martínez negó luego que pretenda el Gobierno.
Mucho más crítico fue el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, quien criticó que se culpe de todo a Marruecos sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Exigió por ello la creación de una comisión de investigación y vinculó también cualquier acuerdo a que se asuman responsabilidades.
El diputado de UPyD Toni Cantó acusó por su parte a Martínez de escudarse en un torrente de datos técnicos para eludir responsabilidades.