La investigación sobre los procedimientos de la agencia en la era Bush ha durado seis años y arrojado 6.000 páginas
08 dic 2014 . Actualizado a las 22:36 h.Que la CIA tenía cárceles secretas y que tras el 11-S torturó sin piedad a los detenidos en búsqueda de información que pocas veces llega por la fuerza, es vox populi. Algo más debe de haber, por tanto, en el informe sobre los procedimientos de la CIA durante la era Bush que se planea dar a conocer hoy, como para que el Gobierno de Estados Unidos haya puesto en alerta a miles de marines de todo el mundo en previsión de la violencia que puede generar.
Según Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado sobre la que pesa la responsabilidad, el informe que el Gobierno quiere mantener en secreto a toda costa tiene que ver la luz porque «cualquiera que lo lea no permitirá que esto vuelva a suceder», dijo el domingo a Los Angeles Times. Investigar las prácticas de la CIA durante ese capítulo negro de la historia de EE UU ha llevado seis años y ha arrojado 6.000 páginas.
Desde abril Feinstein intenta dar a conocer el sumario de 480 páginas al que la Casa Blanca censuró inicialmente el 15% y finalmente el 5%, pero nunca es el momento. Según el diario californiano, el propio secretario de Estado, John Kerry, la habría llamado para pedirle que no lo de a conocer, responsabilizándola de lo que pueda ocurrir. Si lo posterga, su difusión quedará en manos del próximo Congreso de mayoría republicana, que previsiblemente lo enterrará.
«Es como golpear a un caballo muerto», ha dicho lacónico el senador republicano Lindsey Graham, que se opone a su difusión. «Lo importante es que no se repita». Precisamente porque mucho de lo que se dice en él ya es conocido, y porque la parte más polémica puede ser que la CIA engañase a los propios legisladores y hasta al Gobierno de Bush sobre lo que hacía, algunos creen que no hará daño que se conozca.
En su momento la CIA convenció al Gobierno y a los legisladores de que sus polémicas prácticas salvaban vidas porque con ellas obtenían información clave con la que trastocar las operaciones de Al-Qaida, pero el comité del Senado ha investigado 20 de los casos que se alegaban y ha concluido que no era cierto. Según esto, la información podía haberse obtenido por otras vías.
Una de las partes más polémicas es la que apunta a que la tortura de tres detenidos con prácticas de «interrogatorios mejorados», como lo denominaba eufemísticamente el Gobierno de Bush, llevó a la ubicación de Osama bin Laden en Pakistán. Obama, bajo cuyo mandato se llevó a cabo la detención y asesinato del líder de Al-Qaida, prohibió esas prácticas cuando asumió el poder en enero de 2009.