Obama intenta desbloquear en el Supremo la reforma migratoria
INTERNACIONAL
En el último recurso que le queda a la Casa Blanca para defender las normas, los plazos del alto tribunal son cruciales para, incluso con una sentencia favorable, sacarlas adelante
21 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer una apelación ante el Supremo contra la sentencia del tribunal de apelaciones que declaró ilegales las normas de inmigración aprobadas por Barack Obama. En el último recurso que le queda a la Casa Blanca para defender las normas, los plazos del alto tribunal son cruciales para, incluso con una sentencia favorable, sacarlas adelante.
Con el argumento de que penalizaban sus presupuestos, Texas denunció las dos órdenes ejecutivas de noviembre del 2014 por las que Obama pretendía evitar la deportación a unos cinco millones de personas, al conceder permiso temporal de residencia y trabajo a los padres de nacidos en EE.UU. y a los jóvenes que llegaron de niños al país y han crecido en él. Otros 25 estados, también gobernados por republicanos, como Texas, se unieron a la demanda. Tres sentencias consecutivas dieron la razón a los demandantes y evitaron que las leyes entraran en vigor.
Las decisiones judiciales impidieron a millones de personas acalarar su estatus migratorio y dejaron en un limbo indefinido a cientos de miles inmigrantes que llegaron de niños y se habían acogido a una orden anterior.
Cuestión de tiempo
El último cartucho que le queda a Obama era el Supremo y lo quemó ayer. En sur recurso pide al tribunal que resuelva el caso de «forma inmediata». A su Gobierno le queda poco más de un año para aplicar las leyes en el caso de que la sentencia le fuera favorable. El alto tribunal debería aceptar la apelación en enero, escuchar los argumentos en abril y emitir un veredicto a finales de junio. Los plazos son muy justos, pero podrían cumplirse.
El problema es que quienes se oponen a los llamados programas de acción diferida también intentarán aprovechar el apuro de los plazos para retrasar la decisión del tribunal. Ahora disponen de 30 días para oponerse a la apelación del Gobierno y pueden pedir una extensión del plazo. Si la Corte Suprema se la concediera, sería imposible ya que hubiera una sentencia a tiempo.