Encarcelan a un líder sindical próximo a los Kirchner por el cobro de mordidas

PAULA SABAJANES BUENOS AIRES / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

Omar «Caballo» Suárez fue procesado por asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción en el ejercicio de sus funciones gremiales

15 sep 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La justicia argentina avanza sobre las denuncias de corrupción en el entorno del kirchnerismo. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó ayer la petición de excarcelación del exlíder del Sindicato de Obreros Marítimo Unidos de Argentina (SOMU), Omar Caballo Suárez. El histórico líder gremial es uno de los preferidos de la expresidenta Cristina Fernández y próximo al papa Francisco, que lo recibió en varias ocasiones en el Vaticano, permanece detenido desde el martes en el penal de Marcos Paz procesado por asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción en el ejercicio de sus funciones gremiales. El juez lo mantiene con prisión preventiva para que no interfiera en la investigación en su contra.

Suárez estaba acusado de entorpecer las vías navegables y extorsionar a las empresas marítimas extranjeras por denegar permisos de acceso y remolque al puerto de Buenos Aires a quienes no realizaran aportaciones supuestamente destinadas a la formación de los marineros. El juez intervino el sindicato marítimo en febrero para investigar las denuncias de empresarios y empleados. Según Gladys González, diputada e interventora de la entidad, Suárez «creó un holding de empresas, proveedoras de sí mismas con vínculos familiares y dirigentes gremiales para desviar fondos del sindicato». 

Caja fuerte en un dragón

La justicia también peritó ayer una caja fuerte oculta en el vientre de una escultura metálica de más de dos metros de altura con forma de dragón durante el registro de la casa de un exalto cargo del gobernador Daniel Scioli. Las pesquisas en la casa del exdirector General de Administración de la Provincia de Buenos Aries, Walter Carbone, con funciones de tesorero, fueron ordenadas para investigar una denuncia de enriquecimiento ilícito y lavado de activos realizada hace meses por la diputada Elisa Carrió.