Son los primeros presupuestos del Gobierno portugués, que sostienen los comunistas y el Bloco de Esquerda
14 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno portugués, que lidera el socialista Antonio Costa y apoyan el Partido Comunista y el Bloco de Esquerda, aprobó ayer, en Consejo de Ministros, los presupuestos generales de 2017, los primeros desde que accedió al poder en noviembre de 2015. El documento, que se entrega hoy en el Parlamento de Lisboa y que mañana se enviará a Bruselas, ha sido negociado hasta el último minuto entre los tres partidos de izquierda y no está exento de polémica, porque contienen una subida de los impuestos directos, contradiciendo de ese modo las promesas realizadas por el primer ministro, para cumplir el objetivo de déficit público del 2,5% para el próximo año, exigido por Bruselas.
El abogado penalista, Miguel Torres, socio del bufete Telles de Abreu, explicó a La Voz cómo se llevará a cabo el incremento impositivo. «Sí, van a aumentar los impuestos directos el próximo año, pese a que Antonio Costa no lo reconozca». La técnica consiste en «no suprimir hasta finales de 2017 la tasa extraordinaria en el IRPF para los contribuyentes, y no en enero, como habían prometido y legislado ellos mismos el pasado mes de diciembre».
El fiscalista alega que, de esta manera el Ejecutivo de Antonio Costa podrá contentar al mismo tiempo a Bruselas y a los partidos de izquierda que lo sostienen en el poder. En su opinión, los socialistas están intentando recomponer con la medida la cesión que se vieron obligados a hacer anteriormente a comunistas y bloquistas al subir el salario mínimo y las pensiones, lo que supondrá un gasto en las arcas públicas superior a los 400 millones de euros.
En el presupuesto portugués para el año que viene se establece, sin embargo, la reducción de la tasa del IVA en la hostelería que pasará, en el caso de las cafeterías y de los restaurantes, del 21% actual al 13%. Por otro lado, se penalizarán hasta con 16 céntimos por litro las bebidas que tengan exceso de azúcar. Una de las leyes que más beneficios traerá a las arcas del Estado luso será el perdón fiscal a las empresas morosas. El fiscalista Miguel Torres afirma que de este modo se recaudarán unos 1.000 millones de euros que ayudarán a equilibrar las cuentas públicas.
Otras medidas polémicas son el aumento de los impuestos a los propietarios de inmuebles con un valor superior a 500.000 euros y para los dueños de alojamientos locales para alquilar, hasta el 28% de su facturación anual.