La sentencia de Lula enfrenta en Porto Alegre a las dos caras opuestas de Brasil

Porto Alegre es una de las capitales del próspero sur de Brasil, junto a Curitiba y Florianópolis. Los estados que encabezan, de cariz conservador, albergan tímidos movimientos separatistas basados principalmente en su rechazo a compartir con el resto del país la riqueza que poseen. No es por tanto extraño que, en ese contexto, el gobernador de Río Grande do Sul, cuya capital acogerá mañana la decisión judicial en segunda instancia que puede acabar con la carrera presidencial de Lula da Silva, llegase a pedir la presencia del ejército en las calles de Porto Alegre para contener a los manifestantes. El sur de Brasil es territorio hostil para la izquierda que representa el Partido de los Trabajadores (PT) y Porto Alegre, célebre referencia del movimiento altermundista, se prepara para escenificar en sus calles la enconada polarización política que vive Brasil desde el impeachment de Dilma Rousseff y el estallido de la operación Lava Jato.

Miles de simpatizantes del PT y de movimientos sociales acampan desde el domingo en un parque cercano a la sede del Tribunal Regional Federal que decidirá si anula (o aumenta, como pide el ministerio público) la sentencia de 9 años de cárcel contra Lula por el caso del apartamento en la costa de São Paulo, que el juez Sergio Moro afirma que obtuvo de constructoras a cambio de sobornos y contratos en Petrobras. Liderados por la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, los manifestantes defienden que todo el proceso contra Lula (imputado en seis casos más y todavía pendiente de juicio en otros tres) es un juicio político, parte del golpe institucional que apartó a su sucesora Dilma Rousseff del gobierno, y que las elecciones de octubre serán un fraude si se impide la participación del expresidente, claro favorito de todas las encuestas.

«Es un período de nuestra historia en el que tenemos que elegir entre someternos a una dictadura camuflada o resistir y luchar para que gane la democracia», arenga Hoffmann a los congregados en Porto Alegre. Allí, una terna de jueces decidirá sobre el recurso de Lula, que siempre negó tener la propiedad del apartamento que Moro le atribuye y que retó a la justicia a que aportase la documentación que así lo confirmaría. En las calles de las principales ciudades de Brasil, junto a carteles con la efigie de Lula proclamando su inocencia, también se ven otros que piden su condena incluso en el caso de que no se encontrasen pruebas.

Se prevén manifestaciones encontradas en Porto Alegre y otras capitales en las horas previas a la decisión. El PT tiene hasta el 15 de agosto para confirmar su candidato, pero el partido ya ha dicho que Lula será su aspirante, absuelto o no. El expresidente puede agotar los recursos ante el Supremo estirando los márgenes de la ley de «ficha limpa», que impide presentarse a políticos condenados en segunda instancia.

El presidente brasileño, Michel Temer, que seguirá los sucesos de Porto Alegre desde Davos, se mantuvo siempre en un segundo plano respecto al juicio de Lula. La semana pasada llegó a decir que prefería que fueran las urnas quienes condenasen al exmandatario a que siguiera «haciéndose la víctima» en el proceso judicial. Pero el Via Crucis de Lula le viene que ni pintado a Temer para eclipsar un nuevo récord de la deuda de la seguridad social, la privatización de la eléctrica Electrobras y su tropezón con Cristiane Brasil, su nueva ministra de Trabajo que el Tribunal Supremo considera inelegible para cargo público por infractora de, casualmente, la legislación laboral.

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