Accede a maquillar el acuerdo de salida, aun sabiendo que no servirá de mucho en Westminster
13 dic 2018 . Actualizado a las 09:25 h.Theresa May sobrevive y, con ella, el acuerdo del brexit. De momento. Superado el escollo de la moción de confianza de su partido, la primera ministra tiene por delante la misión de reflotar hoy en Bruselas el contrato de divorcio que firmó con la UE el pasado 25 de noviembre. Al menos para demostrar a su electorado que lo ha intentado hasta el final. «Lo que está claro es que hay un problema con la ratificación en Westminster», resumió ayer una alta fuente comunitaria. Los ojos están puestos en el Parlamento británico, que se resiste a dar luz verde al brexit si no se cambian los términos.
El margen de maniobra para hacerlo es muy limitado. May acude a la cumbre europea de líderes para exponer ante sus socios de la UE la radiografía del caos político desatado en su país y para extender sobre la mesa de negociación una petición de auxilio. Unionistas y brexiters exigen garantías de los Veintisiete sobre la bautizada solución de emergencia, una red de seguridad por la que el Reino Unido quedaría vinculado de forma indefinida a la legislación del mercado único a fin de evitar la frontera dura entre las dos Irlandas. «Queremos tener la certeza de que será temporal», explicó esta semana May, que no podrá sacar adelante el acuerdo si no consigue una garantía de peso.
La UE escuchará atentamente sus reclamaciones, pero no moverá sus líneas: «Podremos discutir de todo, pero no es posible renegociar el acuerdo ni nuevas garantías que contradigan lo pactado en noviembre. El texto y la declaración política son muy claros. Si para ella no lo es, que nos diga por qué», explican fuentes del Consejo. El mensaje de frialdad se repite en Berlín, La Haya, París, Dublín o Madrid. Las capitales reconocen estar «hartas» del brexit. El divorcio ocupa buena parte de sus discusiones y secuestra cumbres como la que se celebra hoy y mañana en Bruselas. «Es agotador», se quejan las delegaciones. La UE quiere que May deje de dar rodeos y concrete qué es lo que desea. «Una cosa es lo que hables con ella y otra que sepas lo que quiere», justifica un diplomático europeo.
Las migajas y la furia
¿Puede la premier haber precipitado el drama con la idea de volver a Londres y convocar un segundo referendo? Lo que está claro es que ninguna de las migajas que le puedan dar en Bruselas podrá aplacar la furia y los cálculos electoralistas de sus rivales en Westminster. El Parlamento británico deberá votar el acuerdo del brexit antes del 21 de enero. Y no parece que la empresa vaya a ser exitosa para May. ¿Podría la primera ministra solicitar la extensión del artículo 50 para posponer la salida y ganar tiempo? La UE tampoco lo descarta. «No lo hemos discutido porque no se ha solicitado. Cuando llegue, si llega, que nos expliquen por qué se necesita tiempo extra. Seguro que hallaremos la solución adecuada», deslizan fuentes del Consejo. Ya sea para ratificar el acuerdo o para convocar un eventual segundo referendo.
Se debate mucho sobre el formato que podrían tener las aclaraciones de la UE: un protocolo, una declaración política, una nota aclaratoria, un anexo a las conclusiones de la cumbre o una mera expresión pública de buena voluntad. «Si quisiera algo jurídico referido al acuerdo de retirada, lo tendríamos que ver, pero no está sobre la mesa», descartan fuentes comunitarias. La UE no quiere entrar en arenas movedizas. Podría estallar la polémica si extienden a May unas aclaraciones con más peso legal que las que consiguió España sobre Gibraltar tras días de negociaciones.
La delegación española cree que todo el caos desatado a costa del divorcio se debe a la «crisis política que pone en entredicho el liderazgo del Gobierno británico y del partido conservador». A pesar del espectáculo que han ofrecido en estos dos años de negociaciones, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, rompe una lanza a favor de May. «Le ha expresado muchas veces su apoyo por su papel gestionando un proceso tan difícil como este», señaló ayer el portavoz de la institución, Margaritis Schinas. El griego dejó la puerta abierta a la reconciliación con Londres: «De un modo u otro, siempre habrá un lugar para el Reino Unido en la familia de naciones europeas».
Los Veintisiete retoman los planes de emergencia
«Dada la gravedad de la situación en el Reino Unido y que el tiempo sigue corriendo, discutiremos sobre los preparativos para un no acuerdo», alertó ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la convocatoria enviada a los líderes europeos. El polaco siempre se ha mostrado claro con respecto a las negociaciones de divorcio. Sin autocomplacencias ni medias tintas, ayer lo volvió a hacer en vista del alto riesgo de que el drama británico se prolongue y el Reino Unido se acabe despeñando de forma accidental por el desfiladero del brexit el 29 de marzo del año que viene. «Nuestra obligación es intensificar los preparativos para un escenario sin acuerdo», insiste su equipo. Faltan poco más de tres meses y nadie sabe qué va a pasar al día siguiente de la fatídica fecha. Ni siquiera los británicos. La incertidumbre está haciendo mella en el ánimo de ciudadanos y empresas.
¿Hay algún plan B?
Bruselas sostiene que no, ya que brexit es brexit, pero fuentes diplomáticas merecedoras de crédito indicaron ayer que en las discusiones preparatorias, incluida la de hoy, las cancillerías europeas ya buscan fórmulas o mecanismos para poder prolongar el statu quo de forma temporal «para evitar disrupciones» masivas. De forma paralela, eso sí, a los planes de choque que se están diseñando mano a mano con Bruselas..
¿Cómo afectará a los ciudadanos?
Aunque pueda parecer distópico, el 30 de marzo del 2019 todos los derechos de residencia, acceso a los servicios sociales, estudios, pensiones, reunificación familiar, atención médica y libre circulación de los 3,5 millones de residentes comunitarios en el Reino Unido (14.000 de ellos, gallegos) desaparecerán de un plumazo si el Parlamento británico no ratifica el acuerdo. Todos ellos se verían obligados a iniciar tediosos y caros procedimientos administrativos para regular su situación como ciudadanos de un país tercero.
¿Qué ocurrirá con el transporte?
El efecto inmediato de la salida es que la UE y el Reino Unido tendrán que desplegar infraestructuras físicas para controlar el flujo de bienes, mercancías y personas. Esto afectará a la movilidad y el transporte, un sector vital para alimentar las cadenas de producción y suministro a ambos lados del canal. Se podrían producir atascos kilométricos de camiones y buques en puertos y carreteras, caos entre los viajeros por el cierre del espacio aéreo, restricciones de servicios, escasez de bienes, abultadas pérdidas económicas para las empresas y graves carencias en artículos de primera necesidad como los fármacos.
¿Podrá la flota acceder a aguas británicas?
El Reino Unido ya no estaría sujeto a la Política Comunitaria de Pesca (PCP). Su Gobierno podría expulsar a los buques comunitarios de caladeros tan importantes para el sector como el Gran Sol y las Malvinas. Solo las embarcaciones de pabellón británico tendrán derecho a seguir pescando en sus aguas, aunque tengan capital foráneo, según dijo May.
¿Qué pasa con la frontera entre las dos Irlandas?
La frágil paz lograda con los Acuerdos de Viernes Santo (1998) podría romperse si Irlanda e Irlanda del Norte se ven obligadas a levantar una nueva frontera física, con chequeos y controles aduaneros. La estabilidad social y económica en el Úlster se vería perturbada reviviendo viejos fantasmas.
¿Pagará el Reino Unido la factura?
La cuenta que los británicos deberían pagar al salir asciende a casi 50.000 millones de euros. Es el volumen de fondos que comprometieron para el presupuesto europeo hasta el 2020 y la puesta en marcha de proyectos en los que quisieron enrolarse. Pero sin acuerdo Londres se niega a abrir la cartera.
Escenario caótico para el crédito, los seguros y la gestión de fondos
El escenario dibujado por los expertos en el caso de que no haya acuerdo no será menos catastrófico para el mundo económico dada la estrecha interdependencia que existe entre la isla y el continente. Así, las compañías financieras, de seguros o de gestión de fondos perderán el pasaporte comunitario de forma automática, así que los bancos que tengan sus matrices en el Reino Unido y sucursales en países de la UE deberán trasladar su negocio al continente si quieren seguir operando. Muchos ya lo han hecho. Al menos 30 han emigrado de la City a Fráncfort en el último año y medio. Eso afectará también a los colchones de capital de las entidades, cubiertos en buena medida con activos de cuño británico. La UE está dispuesta a darles más tiempo para cubrir esos agujeros y cumplir con los requisitos de liquidez.