Corbyn exige votar en el Parlamento todas las leyes relacionadas con el «brexit»

LOURDES GÓMEZ LONDRES / COLPISA

INTERNACIONAL

Ray Tang | Dpa

El líder laborista propone acortar las vacaciones en Westminster para acelerar las medidas de ruptura con la UE

29 dic 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, ha emplazado a la primera ministra, Theresa May, a interrumpir las vacaciones parlamentarias y someter el acuerdo de la retirada de la Unión Europea al voto de los diputados el 2 de enero. Esa misma jornada, la jefa del Gobierno conservador ha convocado una reunión especial de su Gabinete en la que se abordará el programa para mitigar los efectos de un brexit desordenado y otras medidas en prevención de nuevas fisuras en el equipo ministerial.

El Parlamento de Westminster suspendió las sesiones el pasado 20 de diciembre y la actividad no se reanudará en ambas cámaras hasta el próximo día 7. Hay precedentes del retorno de los Comunes fuera del calendario oficial -la última convocatoria extraordinaria tuvo lugar en reacción al asesinato de la diputada Joe Cox, en junio del 2016-, pero Downing Street desestimó este viernes la «absurda demanda» del líder de la oposición, que insta a Theresa May a facilitar la votación «lo antes posible».

«Sospecho que es una maniobra completamente cínica para agotar el tiempo disponible y ofrecer a los diputados como elección la espada o la pared», protestó Corbyn en una entrevista con el grupo mediático The Independent. En la cuenta atrás hasta la fecha oficial del divorcio con la UE, el 29 de marzo del 2019, queda pendiente la decisión de los Comunes al acuerdo aprobado por el Consejo Europeo y la tramitación del paquete legislativo pertinente a la aplicación real de los términos del divorcio.

Aplazamiento descartado

La primera ministra ha descartado solicitar una extensión del artículo 50 sobre la salida de la UE, que requiere el consenso del grupo de los Veintisiete. Mantiene también un muro de rechazo contra el voto popular sobre el brexit que demanda el sector europeísta y apoya una creciente mayoría de electores. Incluso un par de ministros respaldan ahora esta opción de un segundo referendo como alternativa ante el bloqueo de los Comunes. Pero, según teme el líder de la oposición, el Gobierno planteará el futuro en términos duales: la salida ordenada de May o la responsabilidad de un divorcio disputado.

May canceló en diciembre la «votación significativa» del acuerdo del brexit, que había garantizado a los diputados. La promesa sigue en pie y la decisión se tomará la «semana del 14 de enero», según la última previsión gubernamental. Corbyn no ha descartado lanzar una moción de censura contra el Ejecutivo si los Comunes tumban el pacto con la UE. «Hemos dejado claro que es una cuestión de cuándo, no de si, presentamos un voto de no confianza en el Gobierno», aseguró este viernes.

El vídeo que vende el paraíso «posbrexit»

Un vídeo elaborado por el Ministerio del Interior británico alertando a los ciudadanos comunitarios de la necesidad de regularizar su estatus legal una vez se produzca el brexit se ha convertido en un nuevo foco de polémica para el Gobierno de Theresa May, incapaz de contener las críticas de proeuropeos y brexiters, disgustados con el resultado final.

A los partidarios del divorcio duro con Bruselas se les vende una versión edulcorada de las consecuencias de la ruptura que en poco se parece a lo que dibujan los informes oficiales que Downing Street intenta mantener bajo llave.

Pero los más molestos son los europeos comunitarios, disconformes con los trámites que se les impondrán una vez se materialice el brexit el 31 de diciembre del 2020. El Ministerio del Interior les recuerda a los residentes en las islas desde hace más de cinco años la necesidad de solicitar su continuidad. «Llevo aquí desde 1985 con un permiso de residencia indefinido. ¿Cómo voy a pedir permiso para seguir viviendo en mi propia casa?», afirma un francés indignado por requisitos que, a su juicio, no se recogen en el pacto de salida de la UE. Además, la aplicación necesaria para la solicitud cuesta 65 libras.

Pero, además de los trámites personales, los proeuropeos insisten en denunciar que el Gobierno «intenta convencer a los ciudadanos de que todo irá mejor lejos de Bruselas. Como si fueran tontos», como señalan varios partidarios de un segundo referendo para frenar el brexit. «Si hasta los chicos felices de las fotos son de archivo», protestó otro.