La decisión del ministro del Interior, Sajid Javid, de privar de la ciudadanía británica a Shamima Begum, una «novia» del EI que dio luz el domingo en un campo de refugiados en Siria, ha provocado un debate sobre la compatibilidad de la decisión con la ley internacional y críticas. La ley de Nacional Británica de 1981 permite al Gobierno comunicar la retirada de ciudadanía a personas con pasaporte del Reino Unido «si se cree que conduce al bien público». Se había utilizado ese poder en contadas ocasiones hasta que Theresa May como ministra de Interior las multiplicó, a partir del 2010, para casos de anulación por fraude en la solicitud o por cometer delitos graves.
Las convenciones internacionales sobre el estatuto de los apátridas prohíben a los estados dejar a sus ciudadanos en esa condición, «salvo que esa persona se haya comportado de una manera gravemente perjudicial para los intereses vitales del Estado». Según el abogado escocés Bilaal Shabbir, la ley británica no ha permitido el uso de esa cláusula.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Bangladés ha afirmado que su Gobierno no sabe nada del caso Begum. La joven de 19 años habría adquirido la nacionalidad de sus padres en su nacimiento, pero tendría que confirmarla antes de cumplir 21 años porque la ley del país asiático no permite la doble nacionalidad.
Para Shiraz Maher, director del Instituto para el Estudio de la Radicalización, la decisión del ministro Javid puede ser calificada de «racista» porque no se ha aplicado igual la ley a sospechosos con doble nacionalidad compartida con otra poderosa nación occidental.
El reputado comentarista sobre asuntos de la ley, Joshua Rozenberg, señala que el hijo recién nacido tiene derecho a la nacionalidad británica y a la protección. También tendría nacionalidad de Bangladés si su madre lo registra. Y holandesa si su padre, que ha tenido tres hijos con Begum, dos de ellos fallecidos, y se encuentra en un campo de excombatientes, lo reconoce como hijo suyo.