La campaña de represión lanzada por Al Sisi desde el 2013 ha llevado al país a la casilla de salida
11 feb 2021 . Actualizado a las 20:20 h.Egipto marca este jueves diez años desde la caída del faraón, Hosni Mubarak, quien rigió los designios del país entre 1981 y el 2011, un mandato marcado por la censura y la corrupción que cayó ante el impulso popular de la Primavera Árabe, si bien los frutos de la naciente democracia no maduraron y derivaron en una nueva espiral autoritaria bajo el mando de Abdel Fatah al Sisi.
Mubarak, un militar de carrera que llegó a ser nombrado jefe de la Fuerza Aérea en 1972, accedió a la Presidencia del país tras el asesinato en 1981 del entonces mandatario, Anuar el Sadat, en un atentado perpetrado durante un desfile militar en conmemoración del inicio de la guerra de Yom Kippur en el que el propio Mubarak, entonces vicepresidente, resultó herido.
El mandato de Mubarak, extendido durante 30 años a través de una serie de elecciones en las que la oposición denunció irregularidades y que se celebraron sin la existencia de un marco pluralista, en medio además de diversas campañas contra las organizaciones islamistas -entre las que destacaba Hermanos Musulmanes-, se fue resquebrajando ante la oposición interna por la crisis económica, el nepotismo y la corrupción.
Finalmente, este malestar estalló -tras varios conatos de movilizaciones durante los años anteriores- en el marco de la Primavera Árabe, cuando los manifestantes redoblaron su presión debido a la salida del poder del autócrata tunecino Zine el Abidine ben Alí en enero, lo que dio nuevas esperanzas a los activistas para lograr un cambio de rumbo en el país.
Estas movilizaciones, que arrancaron el 25 de enero del 2011 -coincidiendo con el Día de la Policía en protesta contra la brutalidad y los abusos de las fuerzas de seguridad- y se saldaron con más de 800 muertos, derivaron en una retirada de apoyos a Mubarak por parte del Ejército, que permitió la caída del faraón, tras lo que se le prohibió abandonar el país y se abrieron numerosas causas contra él por la muerte de manifestantes y por corrupción.
La salida del poder de Mubarak permitió unas elecciones en el 2012 en las que el candidato islamista Mohamed Mursi se convirtió en el primer presidente electo de la historia del país, si bien la situación cambió cuando el entonces jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, dio otro golpe de Estado en el 2013 tras unas movilizaciones contra el Gobierno, lo que hizo volver a Egipto casi a la casilla de salida.
La asonada encabezada por Al Sisi, desde entonces líder del país, ahora como presidente electo, tuvo lugar en medio de las tensiones entre las fuerzas revolucionarias y las críticas al aumento del peso de Hermanos Musulmanes a través de Mursi, la creciente crisis económica y la creciente disfuncionalidad del Estado.
Retorno a la vía autoritaria
La llegada al poder de Al Sisi se vio seguida por una campaña de represión contra los grupos que estuvieron detrás de las movilizaciones contra Mubarak y por la designación de Hermanos Musulmanes como una organización terrorista, lo que derivó en el arresto y encarcelamiento de cientos de sus altos cargos y seguidores.
Una de las muestras de este giro represivo fue el aplastamiento en el 2013 de las sentadas a favor de Mursi en las plazas cairotas de Rabaa al Adauiya y Al Nahda, que se saldaron con la muerte de más de 900 manifestantes, según las cifras oficiales. Esta represión se vio continuada con el silenciamiento de activistas críticos y medios, una constante que ha recibido tibias críticas por parte de la comunidad internacional.
Según un artículo publicado recientemente por el antiguo diplomático Ezzedine Fishere en Chatham House, este nuevo régimen es similar al de Mubarak en el papel dominante del Ejército, el apoyo de la burocracia y la clase empresarial, si bien se diferencia en que es «más ambicioso», al buscar una reestructuración económica y social y estar «inspirado en el despotismo ilustrado».
En este sentido, hace hincapié en que la desilusión provocada por el fracaso del esfuerzo democratizador durante el mandato de Mursi derivó además en un refuerzo del apoyo al Ejército entre la población, lo que ha permitido a Al Sisi consolidar su situación a través de la represión de los conatos de oposición civil.
De hecho, el propio Al Sisi defendió recientemente en una entrevista que la revolución del 2011 «aún no ha terminado» y garantizó que «el Estado está trabajando por encima de las capacidades de la gente y de su propia capacidad», en una defensa cerrada de las acciones de las autoridades, a pesar de la falta de progresos a nivel económico y de que las causas de las protestas del 2011 siguen existiendo en el país.
Asimismo, tanto Al Sisi como el Ejército han justificado esta falta de libertades con el mantra de la lucha antiterrorista, lo que le ha granjeado igualmente unos apoyos internacionales, reflejo de un tradicional apoyo a líderes autocráticos en aras de lo que consideran como una mayor garantía de seguridad en la región.
El país ha hecho frente desde el derrocamiento de Mursi -fallecido en el 2019 tras colapsar durante una vista judicial- a un aumento de los ataques por parte de grupos armados, entre ellos Península del Sinaí -rama de Estado Islámico surgida de Ansar Bait al Maqdis- y Hasm, al que las autoridades vinculan con Hermanos Musulmanes.
«Aniquilación» de los activistas derechos humanos
Sin embargo, numerosas organizaciones no gubernamentales han denunciado la situación de la sociedad civil y los activistas en medio de este clima asfixiante y cien de ellas han hablado esta misma semana de la existencia de una amenaza de «aniquilación» de la comunidad defensora de los derechos humanos a manos de Al Sisi.
Estas organizaciones han reclamado a la comunidad internacional la creación de un mecanismo de supervisión de la situación en Egipto en el marco de la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, prevista para el 22 de febrero, y han sostenido que sería un «paso importante» para esclarecer el contexto político que atraviesa el país.
«Los gobiernos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU deberían enviar al Gobierno egipcio el mensaje, largamente debido, de que los abusos son y serán supervisados y denunciados y de que los valientes egipcios que hacen frente a la opresión a diario no están solos en su lucha», defendió John Fisher, director de Human Rights Watch (HRW) en Ginebra.
En este sentido, las organizaciones firmantes hicieron hincapié en que la lucha por la democracia y los derechos humanos en Egipto está «en una encrucijada crucial» y apuntaron a los «esfuerzos» del Ejecutivo para «silenciar a la disidencia y aplastar a la sociedad civil independiente».
«Fuimos inocentes», reconoce el activista Sayed, de 39 años y en la actualidad residente en el Reino Unido, en declaraciones concedidas al diario británico The Guardian. «La contrarrevolución nos derrotó», lamenta.
Así, relata que el nuevo régimen «destruyó» su vida en Egipto. «Me encarcelaron, torturaron y amenazaron. No me dejaron más opción de huir de mi país», señala el activista, que llegó en el 2018 a Londres para pedir asilo. En esta línea se expresa Alí Jafagui, un antiguo miembro de Hermanos Musulmanes también residente desde el 2019 en el Reino Unido y condenado en rebeldía a 50 años de cárcel.
«Es inmoral ignorar todo este dolor», manifiesta Sayed, quien asegura que «está retirado de la política». «Lo único que puedo hacer ahora es hacer campaña por nuestros amigos que están en prisión», subraya, en un momento en el que se cree que en el país hay cerca de 60.000 presos políticos.
Por contra, Jafagui hace hincapié en que «nunca» se rendirá. «Seguiré lo que empezamos en el 2011. Los factores que desencadenaron la revolución hace diez años existen a día de hoy. Antes o después los egipcios saldrán de nuevo a las calles para pedir un futuro mejor», zanja.