Activistas y oposición exigen a Johnson más protección para los comunitarios
INTERNACIONAL
El plazo para pedir la residencia se cierra con 300.000 solicitudes pendientes
30 jun 2021 . Actualizado a las 21:03 h.El plazo para que los comunitarios soliciten el permiso para quedarse a vivir en el Reino Unido después del brexit concluyó este miércoles, entre advertencias de los grupos que los representan de que aquellos sin recursos, en situación vulnerable o marginados pueden quedar desprotegidos.
Diversas organizaciones y el Partido Laborista pidieron al Gobierno conservador que garantice los derechos de los ciudadanos procedentes de la Unión Europea y que amplíe el período para pedir los estatus de asentado (al menos cinco años en el país) o preasentado (quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2020).
Sin embargo, el Ministerio del Interior rechaza la prórroga y argumenta que su Programa de Asentamiento, lanzado el 30 de marzo del 2019, es simple para el usuario, como demuestran, según subraya, los más de 5,2 millones de solicitudes ya resueltas —de los 5,6 millones recibidas hasta el 31 de mayo, entre ellas 320.850 de españoles—.
El secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, aseguró además que se facilitará la regularización de todos aquellos que tengan derecho, aunque sea fuera de plazo.
Con todo, los activistas y abogados especializados advierten de que hay zonas grises en la normativa que pueden dejar desprotegidos a colectivos vulnerables, como gente mayor, inquilinos de residencias, enfermos, discapacitados, indigentes, personas sin conocimientos del idioma o sin habilidades digitales o niños en instituciones de acogida.
Al cerrarse este miércoles el plazo para solicitar el permiso de residencia, el Gobierno de Boris Johnson tiene todavía pendientes de procesar más de 300.000 solicitudes de comunitarios y, si bien asegura que sus derechos están garantizados mientras esperan su documentación, muchos temen encontrar trabas para alquilar vivienda, conseguir trabajo o viajar.
Un informe del Instituto de Investigación de Políticas Públicas ha revelado que, aunque Interior suele tramitar las solicitudes en cinco días, en los casos complejos —de los que a partir de ahora habrá más—, el tiempo de espera es mucho más largo.
Así, la organización constata que a principios de mayo había 102.000 casos pendientes desde hacía tres meses, incluidos 23.900 niños; 13.000 hacía seis meses (650 niños) y unos 8.000 (285 niños) hacía un año.
Un estudio de abril del propio Ministerio del Interior expuso que 1.155 menores de unos 3.660 niños de origen comunitario a cargo del Estado no estaban regularizados —lo que, si no se remedia, significa que de adultos pueden encontrarse sin acceso a prestaciones sociales, educación o sanidad—.
Esto es lo que sucedió con miles de inmigrantes de la llamada «generación Windrush» llegados al Reino Unido desde las colonias británicas del Caribe en los años sesenta, en uno de los escándalos migratorios más lamentables de la historia de este país.
Ante las presiones, el Gobierno ha introducido ahora una norma que da 28 días para hacer los trámites a aquellos que, por motivos «válidos» (que los activistas ven insuficientes), se percaten tarde o sean alertados de que están en situación irregular.
Lagunas del sistema
En declaraciones a Efe, Catherine Barnard, experta en legislación comunitaria de la universidad inglesa de Cambridge, alerta de otra debilidad del programa, que afectará a quienes hoy tienen el estatus de preasentado y deben elevarlo al de asentado tras cinco años de residencia.
«Si la gente no hace esa gestión en la fecha correcta —y para cada uno será diferente, como cuando te caduca el pasaporte—, se verán despojados de derechos», advierte.
Barnard critica asimismo que el Gobierno no expida un documento físico, como una tarjeta identificativa, para demostrar el estatus migratorio ante caseros, empresas o en la frontera, y que, en cambio, los comunitarios tengan solo un certificado digital, lo que puede llevar a discriminaciones y crear dificultades a personas mayores o sin acceso a tecnología.
Los cambios en las normas de inmigración tras la salida británica de la UE afectan también a los comunitarios que vienen al Reino Unido.
Estos podrán visitar el país durante seis meses sin visado para hacer turismo, estudios de corta duración, actividades empresariales, impartir conferencias o visitar a conocidos, pero, para trabajar, deben solicitar un visado según un sistema por puntos que valora las cualificaciones y otros factores económicos al margen del lugar de procedencia.
Londres y Bruselas se dan tres meses de tregua para resolver el pulso por el protocolo de Irlanda del Norte
La Unión Europea ha extendido hasta septiembre el período de gracia para la importación en Irlanda del Norte de productos cárnicos específicos procedentes del resto del Reino Unido, como parte de la firma de un acuerdo más amplio con el Gobierno británico, que desarma, o al menos aplaza, la que se había denominado como «guerra de las salchichas».
Los negociadores, Maros Sefcovic por la UE y David Frost por el Reino Unido, han mostrado su satisfacción con el acuerdo, que tiene una naturaleza provisional y una duración de tres meses. Evita oportunamente la exacerbación de tensiones en vísperas de las festividades orangistas, en torno a la conmemoración el 12 de julio de una victoria de la Corona protestante de los Orange en el siglo XVII.
El polémico protocolo irlandés, incluido en el Acuerdo de Retirada, ha creado barreras en el comercio entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En el caso de los productos cárnicos, se reducirían drásticamente con un acuerdo de homologación veterinaria, pero los términos no se han pactado porque la UE no quiere correr el riesgo de quebrar las reglas del mercado único permitiendo normas diferentes en la isla de Irlanda y el Reino Unido quiere preservar la mayor autonomía posible.
Evitar las tensiones es el objetivo de las dos partes cuando se presagiaba un «verano caliente» en la región, que ya vio desafíos callejeros a la Policía por grupos radicales que exigen la anulación del protocolo, al igual que los partidos que representan la mayoría del unionismo probritánico.
«Brexit» constitucional
Algunos de sus líderes habían presentado ante el Tribunal Supremo de Irlanda del Norte una petición para que declarase ilegal el protocolo del brexit, por ser contrario a las leyes constitucionales, entre ellas el acuerdo de paz de 1998. El juez Adrian Colton rechazó este miércoles el argumento de los unionistas. En su opinión, el Acuerdo de Retirada pactado por la UE y el Reino Unido es por su contenido una más de las leyes que forman la estructura constitucional de Irlanda del Norte, con el mismo rango que las sucesivas leyes de Irlanda (Acts of Ireland) que ha promulgado el Parlamento de Westminster para asentar las relaciones políticas establecidas en cada momento histórico entre las dos islas.