El Gobierno portugués aprueba un paquete de medidas para frenar los precios de la vivienda
INTERNACIONAL
Reducirá pisos turísticos, aplicará beneficios fiscales o agilizará licencias de construcción para inyectar inmuebles en el mercado de alquiler
17 feb 2023 . Actualizado a las 08:17 h.La vivienda pasa al centro del debate político en Portugal. Desde el 2019, los precios subieron en un 38 %. El 2022 fue el año de mayor apreciación de las últimas tres décadas, a un ritmo que dobla el del resto de la zona euro. De media, los intereses de las hipotecas se triplicaron, mientras que los ingresos de las familias solo aumentaron en un 9 %. Tras la dimisión de Pedro Nuno Santos, el Gobierno creó un ministerio específico dedicado a la vivienda, al que el primer ministro António Costa dio tres meses para proponer soluciones, que se concretaron este jueves en Consejo de Ministros, mientras movimientos sociales se manifestaban por todo el país.
En total, se trata de un paquete de más de 900 millones de euros para dar «rapidez a la entrada de inmuebles en el mercado de alquiler», «combatir la especulación» y «apoyar a las familias en el alquiler o en las hipotecas».
El Estado pasará a alquilar «las casas disponibles a precios normales durante 5 años» para subarrendarlas; así, garantiza el pago al propietario, al que «no compete asegurar la política social, sino al Estado». Además, quienes paguen de alquiler más del 35 % de sus ingresos optarán a apoyos de 200 euros mensuales.
También se flexibilizará la concesión de licencias para vivienda, disponiendo terrenos y edificios calificados para usos comerciales o de servicios. En esa línea, las entidades públicas serán penalizadas en caso de retrasos al emitir licencias de construcción. Asimismo, se aprueba una línea de crédito de 150 millones de euros para que los municipios reformen casas desocupadas.
Habiendo identificado el turismo como una de las causas del encarecimiento, también se restringirán las nuevas licencias a zonas rurales del interior, cada vez más desocupado. Las ya concedidas se revisarán en el 2030 y, después, cada cinco años. En ese sentido, se reducirá drásticamente la concesión de visados oro a extranjeros, que podían obtener permiso de residencia al comprar vivienda.
En términos fiscales, las rentas procedentes de alquileres pasarán a grabarse con un 25 %, frente al 28 % actual, y podrá reducirse más según la duración del contrato. El coste de las reformas de casas tendrá un IVA del 6 % y quienes vendan sus propiedades al Estado o ayuntamientos no deberán pagar el impuesto de plusvalías.
Entre otras cosas, cada nuevo contrato de alquiler estará regulado en función del anterior y la inflación, y todos los bancos deberán ofrecer créditos a tasa fija en hipotecas.
«Estamos convencidos de que las medidas respetan la Constitución, donde el derecho a la propiedad (…) debe ser compaginado con el derecho a la vivienda», dijo Costa. Las medidas serán llevadas a discusión pública y aprobadas el 16 de marzo.