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Donald Trump, imputado por intentar revocar el resultado de las elecciones del 2020

Mercedes Gallego COLPISA

INTERNACIONAL

Donald Trump, imputado por cuatro delitos por sus maniobras para invalidar su derrota ante Biden
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ATLAS

Los cargos más serios que haya enfrentado el expresidente de Estados Unidos le acusan de haber intentado alterar el resultado de los comicios «a sabiendas de que había perdido» y alimentar con sus mentiras el asalto al Capitolio

02 ago 2023 . Actualizado a las 13:50 h.

Donald Trump ha vuelto a hacer historia. Por primera vez un expresidente de Estados Unidos se enfrentará cargos federales por intentar alterar el resultado de las elecciones, en este caso las de noviembre del 2020 que dieron la victoria a Joe Biden. «A pesar de haber perdido, el acusado estaba decidido a permanecer en el poder», dice la acusación del Ministerio Público.

Los cuatro nuevos cargos formales que enfrenta por obstrucción y conspiración para defraudar al Gobierno de EE.UU.. son, con diferencia, los más serios presentados hasta ahora contra el polémico magnate. El fiscal especial Jack Smith, que ha presentado el caso durante meses ante un Gran Jurado de Washington DC, instó este martes a todos los estadounidenses a leer las 45 páginas en las que se detallan los hechos de los que se le acusa. Son una lectura histórica, la autopsia de una conspiración para alterar el curso de la democracia estadounidense y la radiografía de una mentira que muchos aún creen.

En concreto, Trump se enfrenta a un cargo de conspiración «mediante el uso de la deshonestidad, el fraude y el engaño para obstruir el proceso nacional de recopilación, conteo y certificación de los resultados de las elecciones presidenciales», que conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión. Asimismo, el expresidente se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión por conspirar para impedir que el Congreso certifique los resultados recogidos por las urnas (el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021) y a una sentencia de diez años de prisión por conspirar contra el derecho al voto. Finalmente, el cuarto cargo conlleva una sentencia de 20 años de prisión por intento de obstruir la certificación de las papeletas.

Imagen tomada durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
Imagen tomada durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. LEAH MILLIS | REUTERS

«¿Por qué ha tardado 2.5 años? ¿Por qué ha tardado tanto? Porque querían sacarlo en medio de mi campaña», bramó Trump en respuesta desde la plataforma social de Truth Media que ha creado. El fiscal general Merrick Garland, que nombró a Smith para preservar la integridad de la investigación con un fiscal independiente, coincide en que se trata de una de las «mayores investigación en la historia de EE UU.», elaborada a cámara lenta para atar cuidadosamente todos los cabos de cargos muy serios sin precedentes en la historia del país. Trump tendrá que acudir por tercera vez desde abril a los tribunales, esta vez en Washington DC, para que la jueza Moxila Upadhyaya le lea los cuatro cargos y tome declaración.

Nunca en la era de las fake news que encarna el controvertido político, una teoría de la conspiración había sufrido un cañonazo semejante. Le acompañan en esta batalla seis cómplices, calificados de coconspiradores en la imputación, que no les pone nombres pero indica que son cuatro abogados, un alto funcionario del Departamento de Justicia y un consultor político «que le ayudó a implementar un plan para enviar falsos electores presidenciales que obstruyeran el proceso de certificación». Será fácil ver también al exalcalde Rudy Giuliani detrás del letrado «dispuesto a difundir conscientemente falsas acusaciones y a perseguir estrategias que no se atrevieron los abogados de la campaña de reelección del 2020 del acusado». El segundo parece ser John Eastman, «un abogado que ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente en la supervisión del proceso de certificación de los resultados electorales para obstaculizarla».

Trump y sus acólitos elevaron a los tribunales y a los medios de comunicación falsas acusaciones sobre corrupción y fraude electoral que han cercenado sin remedio la credibilidad del proceso democrático. En realidad fue el propio Trump quien «conspiró para privar a los votantes de sus derechos», dijo este martes el fiscal. Mentiras que costaron vidas, porque la insurrección del 6 de enero en la que miles de sus seguidores intentaron tomar el Capitolio, como último recurso para impedir la certificación de los resultados electorales, «estuvo alimentada por mentiras, difundidas por el acusado para obstruir la función del Gobierno de EE UU y el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados».

Smith ha anunciado que buscará un juicio rápido, pero nadie duda de que los abogados del magnate intentarán retrasarlo cuanto les sea posible. El expresidente exprimirá estas acusaciones para darle oxígeno a su campaña electoral. Al tratarse de cargos federales, los más serios que se pueden enfrentar, si ganase las elecciones podría poner a prueba los límites del perdón presidencial auto indultándose.

En el estrado tendrá a la jueza Tanya Chutkan, de sólida credibilidad, a pesar de haber sido nombrada por Barack Obama, y la única que ha dictado sentencias contra participantes de la insurrección del 6 de enero más altas de las que pedía la Fiscalía.

Chutkan es una jueza respetada a la que Trump intentará ridiculizar, como hizo de nuevo ayer con el «perturbado» fiscal especial que también le tiene en el banquillo de Florida por intentar quedarse con documentos clasificados pertenecientes al gobierno de EE.UU. Para poder condenarlo tendrá que convencer a todos y cada uno de los miembros del jurado. De ahí que se haya tomado el tiempo necesario para una metódica investigación a la altura del histórico Caso Watergate.

Trump ya fue imputado en marzo en el marco de la investigación en su contra por el presunto pago de un soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, y también se enfrenta a 39 cargos por el caso de los documentos clasificados.