La privatización de la aerolínea TAP provoca más turbulencias en el Gobierno de António Costa

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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Brais Suárez

El exministro de Infraestructuras pone en duda la venta de la compañía, que el presidente Rebelo de Sousa ya ha vetado

31 oct 2023 . Actualizado a las 22:09 h.

Tras un verano sin demasiadas turbulencias en ese vuelo de múltiples escalas que es la gestión pública de TAP, el decreto aprobado recientemente por el Ejecutivo para privatizar la aerolínea, rescatada durante la pandemia, era susceptible de reabrir muchos frentes. Y así fue.

El exministro de Infraestructuras Pedro Nuno Santos (dimitido tras escándalos en la gestión de TAP, que él codirigía) puso el lunes en duda al primer ministro sobre el proceso de privatización. «Es un falso problema» que la venta de TAP solo se realice si el comprador mantiene Lisboa como sede de la compañía, quitando valor a las recientes afirmaciones de António Costa. Considera que es un argumento contraproducente, porque es justo esa sede lo que los potenciales adquisidores (hasta la fecha, Air France-KLM, Lufthansa y IAG) más valorarán a la hora de pujar: al «poner esa exigencia, el comprador aprovechará [para pedir una rebaja]», dijo Santos.

Así, una vez más, el exministro contradecía los argumentos de Costa, que aseguró que Portugal conservará una «función estratégica» para la aerolínea aun vendiendo la mayoría de las acciones. Santos defendió la propiedad pública y añadió que «podrá haber un seguimiento, pero no habrá intervención en la empresa. Quien tenga la mayoría del capital mandará en TAP».

A su vez, António Costa había defendido el papel estratégico del Estado en respuesta al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que este viernes vetó el decreto del Gobierno para acometer la privatización. Además de también preguntar cómo mantener el poder de decisión, Rebelo pide al Gobierno clarificar «la posibilidad de alienar o adquirir» cualquier tipo de activos antes de la venta y exige transparencia con «las reglas que definirán la elección del eventual comprador». Rebelo no dejó de recordar tampoco el abultado coste (3.200 millones) de salvar de la quiebra a TAP, que solo ahora vuelve dar beneficios.

Un veto presidencial, por cierto, que el propio Nuno Santos calificó como un «nuevo episodio de la tensa relación entre el presidente y el Gobierno», pues «se podía haber resuelto en privado».