Dimite el primer ministro de Portugal, António Costa, por un escándalo de corrupción

António Costa ha presentado su dimisión como primer ministro de Portugal. El político socialista, jefe del Gobierno luso desde el 2015, se ha visto implicado en un escándalo de corrupción vinculado a presuntos tratos de favor a empresas relacionadas con el hidrógeno verde y dos minas de litio al lado de la frontera con Galicia.

El propio Costa (Lisboa, 1961) ha anunciado su renuncia en una comparecencia extraordinaria televisada. Antes se había reunido con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.

La dimisión llega tras una operación policial ordenada por la Fiscalía lusa en la que fue detenido el jefe de gabinete de Costa y registrada la vivienda oficial del mandatario. Se les investiga por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno.

En su comparecencia, Costa dijo que la noticia de la apertura de una «causa criminal» contra él le sorprendió. Afirmó estar «totalmente disponible para colaborar con la Justicia en todo lo que sea necesario para esclarecer toda la verdad». Y justificó su dimisión en que estar encausado y ser primer ministro es «incompatible».

«No voy a volver a presentarme al cargo de primer ministro», garantizó, respondiendo a un periodista que comentaba en directo que no está claro si lo volveremos a ver como candidato. «Es una etapa de mi vida que se ha cerrado», añadió.

El presidente de la república tiene ahora en su mano la posibilidad de encargar un nuevo Gobierno al Partido Socialista (tiene mayoría absoluta) o de convocar elecciones en Portugal. «No creo que haya otra salida que la disolución del Gobierno y la convocatoria de elecciones para que los portugueses puedan opinar», señaló el líder de Iniciativa Liberal, Rui Rocha, el primero en pronunciarse. «El fin político de António Costa como primer ministro es también el fin de una solución para el país que no funcionó... Es urgente una nueva propuesta política», añadió. Otros partidos se han mostrado dispuestos a presentar sus alternativas.

Por el momento, Rebelo de Sousa emitió una nota informando de que ya aceptó la renuncia del primer ministro. Recibirá a todas las partes y convocará una reunión del Consejo de Estado para continuar un proceso que debe culminar con la disolución de la Asamblea de la República.

La Fiscalía portuguesa había precisado en un comunicado que ha llevado a cabo el registro de «espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro» y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso. «Durante el curso de las investigaciones se puso de manifiesto que los sospechosos invocaban el nombre y la autoridad del primer ministro y su intervención para desbloquear los procedimientos. Dichas referencias serán analizadas de manera independiente en el ámbito de una investigación abierta ante la Corte Suprema de Justicia, por ser ese el foro competente».

La residencia oficial del primer ministro de Portugal, António Costa, fue uno de los más de 40 lugares registrados este martes por la Policía en un operativo junto a la Fiscalía lusa que investiga negocios del sector del hidrógeno y el litio, según medios locales. La investigación se centraría en concreto en las minas de litio de Romano (en Montealegre) y la de Barroso (en Boticas), dos localidades del norte del país, justo al lado de la frontera con Galicia. También se investigan proyectos de hidrógeno verde en Sines, a 150 kilómetros al sur de Lisboa. En la causa se estaría explorando un posible trato de favor del Gobierno portugués a varias empresas, según la prensa lusa. 

Las dos minas de litio que están en el punto de mira de la fiscalía portuguesa se sitúan a pocos kilómetros de la frontera de Ourense. El pasado mes de junio el Ejecutivo luso y en concreto, la Agencia Portuguesa de Medioambiente (APA), le dio luz verde a la explotación de litio en Barroso, en el municipio de Boticas, a escasos 30 kilómetros de Galicia, y con una extensión prevista de 593 hectáreas, a cargo de la británica Savannah Resources. La empresa esperaba empezar a extraer en el 2026 este preciado metal, imprescindible para la fabricación de baterías para los coches eléctricos y para móviles.

En otro municipio vecino, Montealegre, la otra mina en el ojo del huracán es la de Romano, que en septiembre logró la declaración de impacto ambiental de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente. La concesión abarca una superficie de más de 825 hectáreas, donde además de la mina a cielo abierto hay prevista una refinería. El monto de la inversión prevista por la empresa portuguesa Lusorecursos supera los 400 millones de euros. La veta hallada en Montalegre es una de las mayores encontradas en Europa en los últimos años. Portugal ocupa el octavo lugar a nivel mundial en reservas de este mineral.

El caso del hidrógeno, tal y como informa Público, fue noticia recientemente cuando el presidente del Tribunal Supremo validó una escucha telefónica que captó al primer ministro António Costa en varias conversaciones con el exministro de Medio Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. En una de aquellas conversaciones interceptadas, Costa y Matos Fernandes hablaban sobre las negociaciones en curso para definir la localización de un proyecto de hidrógeno verde, una refinería de litio, los posibles interesados en el negocio y la posibilidad de una colaboración con España.

Matos Fernandes, sin saberlo, tenía el teléfono bajo escucha por iniciativa del fiscal que estaba investigando el caso, al igual que el secretario de Estado de Energía, João Galamba.

Costa aparecía en otras tres conversaciones grabadas a Matos Fernandes, sobre diversos temas gubernamentales e incluso personales, pero el juez las mandó destruir en un primer momento al considerar que no eran relevantes. El Supremo admitió luego incluir la grabación en el proceso que investigaba un supuesto favorecimiento del Gobierno portugués a empresas lusas en el negocio del hidrógeno verde a petición de la Fiscalía, aunque no consideraba que hubiese indicios de delito en el contenido de la conversación.

EDP, Galp y REN, así como la también portuguesa Martifer y la danesa Vestas, Habían anunciado meses antes, en julio de 2020, que se habían unido en un consorcio para estudiar la creación de un clúster industrial para producir hidrógeno verde en la localidad costera de Sines, un megaproyecto cuya inversión podría superar los 1.500 millones de euros.

En la localidad de Sines también se investiga el proyecto para la construcción de un centro de datos,

Varios detenidos

Las inspecciones de este martes también se han extendido a los Ministerios de Infraestructuras y de Ambiente y se han llevado a cabo varias detenciones. A la del jefe de gabinete de Costa, Vítor Escária, se sumaría la de un consultor de Costa, Lacerda Machado, la del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, y dos de los administradores en la sociedad «Start Campus» y un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También fueron declarados «arguidos» (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.

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