Así participaron siete profesores de las escuelas de la ONU en la masacre de Hamás
INTERNACIONAL
El escándalo de los infiltrados en la UNRWA golpea la reputación de esta agencia, que podría dejar de prestar ayuda humanitaria en Gaza después de febrero ante la cascada de países que congelan su financiación
30 ene 2024 . Actualizado a las 11:29 h.Un hombre que secuestró en compañía de su hijo a una rehén israelí. Otro individuo al que Hamás pidió que llevara bombas de mano. Una mujer que repartía munición a los terroristas. Son algunos de los perfiles que la inteligencia israelí y estadounidense analiza sobre los doce trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) que se han revelado como presuntos miembros de Hamás -salvo uno, seguidor de la Yihad Islámica- y participaron en la masacre contra los kibutz del 7 de octubre.
El Gobierno de EE.UU. tiene en sus manos un amplio informe de Tel Aviv sobre la supuesta infiltración. No es la primera vez que los israelíes formulan esta acusación, pero sí la primera en que acuñan indicios muy serios, como mensajes de texto incriminatorios o triangulaciones de teléfonos móviles que sitúan a varios sospechosos en el lugar y la hora de la matanza. Washington todavía debe verificar la información, pero el hecho de haber congelado cautelarmente su subvención a la agencia indica que la considera factible. Israel identifica a cada sospechoso por su nombre, apellido y el puesto que ocupaba en la oficina de ayuda humanitaria.
Al parecer, siete eran profesores en alguna de las escuelas dirigidas por la UNRWA. Uno de ellos es el que orquestó el secuestro de una rehén junto con su hijo. Daba clases, bien de matemáticas, bien de árabe, en Jan Yunis. Otra militante, trabajadora social, ha sido responsabilizada de entregar municiones y dirigir a los vehículos de los comandos el día del atentado. Ayudó además a otros milicianos a secuestrar el cadáver de un soldado israelí. Entre los sospechosos también figuran un empleado de la agencia y un jefe de almacén, señala The New York Times.
Los servicios secretos han tardado meses en completar su informe. Se han servido, sobre todo, de la tecnología y del seguimiento a los teléfonos móviles activos en Gaza y en los kibutz durante la mañana de la masacre. Así se ha sabido que uno de los imputados habría estado durante esas horas en una comuna agrícola donde los terroristas asesinaron a 97 residentes. Otros cinco permanecieron mientras tanto moviéndose dentro de la zona. Las conversaciones telefónicas y mensajes de texto intervenidos han permitido acusar a otros trabajadores que discutieron con sus interlocutores detalles del ataque.
Estos hallazgos han supuesto un duro golpe a la UNRWA y al crédito de las Naciones Unidas. Unos dieciséis de países han suspendido sus donaciones a la agencia, que ya ha advertido que a finales de febrero deberá dejar de prestar ayuda por falta de fondos. Y todo ello a pesar de que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha informado de la inmediata apertura de una investigación y del despido de los implicados, salvo en el caso de uno de ellos que está muerto.
El escándalo adquiere proporciones demoledoras dentro de una Franja que ya de por sí la guerra ha convertido en un agujero negro catastrófico. Las Naciones Unidas aporta unos 44 millones de dólares a la oficina de ayuda a los palestinos, claramente insuficientes sin las donaciones de sus socios. El recorte pone en peligro el futuro de más de dos millones de civiles que dependen de la asistencia internacional en este rincón de Oriente transformado en un mar de sangre, con más de 26.300 fallecidos y 68.000 heridos, casi todos civiles, desde el comienzo de la ocupación israelí.
«No es el momento»
«No es el momento» de abandonar a la población de Gaza, ha proclamado Martin Griffiths, jefe del programa humanitario, quien recuerda que «sus necesidades nunca han sido mayores». Guterres ha asegurado que no le temblará el pulso si aparecen más implicados y está dispuesto a recurrir a la vía penal. A la institución, sin embargo, le asalta la preocupación, consciente de que cualquier nueva sacudida puede terminar de hundir a la agencia. En este clima de profunda tensión empiezan a recordarse denuncias como la que un periodista israelí hizo en la red X el pasado noviembre sobre la implicación de un profesor de la UNRWA en el secuestro de rehenes y que la ONU despachó exigiendo el «cese inmediato» de «afirmaciones sin fundamento».
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Canadá, Australia, Italia, Países Bajos, Rumanía, Finlandia y Japón son los principales países que han suspendido cautelarmente sus patrocinios. Francia medita seguir ese mismo camino. En cambio, España, Noruega, Irlanda, Turquía, Irán y Jordania son algunos mentores que mantienen su apoyo. La UE, también, aunque ha pedido una auditoría de las cuentas.
El Gobierno de Tel Aviv ha aprovechado ahora para añadir leña a la hoguera. Su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ha reclamado la renuncia del jefe de la central de Gaza, Philippe Lazzarini, y alentado a los gobiernos a que dediquen sus fondos a otras organizaciones de ayuda «sinceras». Ya ha entablado contactos con EE.UU. y la Unión Europea para intentar redirigir el dinero a otras fundaciones.
La UNRWA cuenta con 13.000 empleados en Gaza, de los cuales unos 3.000 han nacido y crecido en la Franja. En esta guerra ha perdido ya 154 trabajadores y estos, a su vez, a centenares de familiares. «Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve por acusaciones de actos criminales contra algunas personas», aduce la ONU.
Las necesidades de 700 escuelas
La cascada de congelaciones resulta muy grave. Hay antecedentes de que el perjuicio puede ser enorme. En el 2018, la Administración de Donald Trump cortó la financiación al entender que la agencia no cumplía las expectativas, mientras Israel la acusaba de «perpetuar» el conflicto con los palestinos. Fue un roto de 300 millones de dólares anuales que solo logró coser el actual presidente Joe Biden en el 2021.Como muestra de su importancia, la última partida norteamericana ingresada en la cuenta de la agencia en el 2023, cuyo importe asciende a 157 millones de dólares, cubre las necesidades de 700 escuelas y 140 centros de salud en territorio palestino.
La relación entre Tel Aviv y la UNRWA nunca ha sido especialmente buena, pero se ha enturbiado hasta la confrontación casi absoluta desde el inicio de la violenta respuesta militar israelí a los atentados de Hamás. Distintos organismos humanitarios y la propia ONU urgen a que las imputaciones por terrorismo sobre un grupo de empleados no ensombrezcan el «heroísmo» de sus compañeros. De los médicos de la UNRWA, por ejemplo, depende la atención a 50.000 mujeres palestinas embarazadas y de miles de bebés, muchos de ellos trasladados a centros clínicos seguros. «El pueblo de Gaza lleva casi cuatro meses soportando horrores y privaciones inimaginables», ha afirmado Martin Griffiths. «Necesitamos esforzarnos al máximo para darle esperanza».
El escándalo, en cualquier caso, amenaza la pervivencia de una oficina que la Asamblea General de la ONU fundó en diciembre de 1949 a consecuencia del primer conflicto entre Israel y los países árabes y la creación del Estado hebreo en 1948. Ese año se calcula que unos 800.000 palestinos fueron desalojados a la fuerza de sus tierras y desde entonces la UNRWA garantiza a esta población y, sobre todo, a sus descendientes la condición de refugiados. Ahora mismo ofrece cobertura a 5.9 millones de civiles en Gaza, el Líbano, Jordania y Siria, dirige 60 campos de refugiados y administra escuelas para medio millón de niños.
Pero posiblemente su principal cometido consista en evitar que la población palestina colapse en un barro miserable. La central asume todo tipo de servicios para mantener en marcha la mecánica cotidiana en la Franja: desde los sanitarios al abastecimiento elemental de un colectivo situado en los límites del inframundo. El 80 % de los ciudadanos vive en condiciones de pobreza y seis de cada diez dependen de las aportaciones internacionales para comer.
La institución niega cualquier connivencia con Hamás argumentando que todo empleado sorprendido en actividades políticas dudosas ha sido despedido y que las listas de trabajadores las supervisan varios gobiernos, entre ellos el israelí, para prevenir infiltraciones. Pese a que António Guterres se ha mostrado «horrorizado» y «consternado», la polémica viene de lejos. De hecho, fue uno de los motivos que desencadenaron el cese en el 2005 de quien entonces era el jefe de la oficina, Peter Hansen, que en una entrevista difundida un año antes en la televisión canadiense se mostró «seguro de que hay miembros de Hamás en la nómina de la UNRWA, y no veo que eso sea un crimen».
«Que Hamás sea una organización política no significa que cada uno de sus miembros sea un militante, y nosotros no hacemos vetos políticos», añadió Hansen, antes de precisar que la institución solo exige a sus empleados que trabajen «de acuerdo con los estándares y normas sobre neutralidad» establecidos por la ONU. La alusión a que los empleados procedieran exclusivamente del brazo político de Hamás, partido que por otra parte controla el Gobierno de la Franja y cuenta con numerosos afiliados civiles, ahorró a la ONU y a los gobiernos donantes meterse en un avispero.
Testimonios acusadores Israel ha interpelado en varias ocasiones a las Naciones Unidas sobre el tipo de educación que se imparte en las escuelas gazatíes y algunos expertos han alimentado la idea de que la agencia humanitaria propugna entre los palestinos la idea del «retorno» a sus antiguos territorios y fomentado un «nacionalismo» cuestionado de un Estado hebreo. En el 2009, el europarlamentario de Europa Transparente Paul van Buitienen elevó a la Cámara una pregunta sobre cómo la UE controlaba que nadie dentro de la UNRWA perteneciera a la milicia. «¿Ha habido una investigación oficial para comprobar las afirmaciones del señor Hansen?», interrogaba el político de los Países Bajos.
El Ejército israelí ha presentado en los últimos años el testimonio de presos de Hamás reconociendo que habían utilizado medios de la ONU para transportas armas y militantes por Gaza o salir a los países del entorno. La mayoría de estas confesiones han calado poco debido a su cuestionada credibilidad, más que nada por el modo en que se produjeron. Pero sí es cierto que el año pasado la UNRWA colgó una información en X donde denunciaba que un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza, en manos de Hamás, les había robado combustible y material médico. La denuncia fue borrada al día siguiente.
La agencia todavía tiene un nutrido grupo de afines que destaca el valor de su personal. Goza de una notable reputación internacional y nadie duda de que ha salvado a cientos de miles de refugiados proveyéndoles de comida, un techo, servicios médicos e infraestructuras. Incluso en Israel las críticas entran a veces en el terreno de la sobreactuación. En el propio gabinete se admite privadamente la importancia de la UNRWA, de cómo su acción ha evitado transformar Gaza en un cementerio eterno desde hace décadas y del ahorro que le supone a Israel en esfuerzo y dinero, puesto que en otro caso estaría obligado a desempeñar algunas de las prestaciones asistenciales básicas de la Franja.