La Fiscalía francesa pide inhabilitar a Marine Le Pen durante cinco años
INTERNACIONAL
El Ministerio Público también reclama una pena de prisión parecida y una multa de 300.000 euros en el juicio por el caso de los falsos asistentes en el Parlamento Europeo
14 nov 2024 . Actualizado a las 16:00 h.Una posible pena que amenaza el futuro político de Marine Le Pen. La Fiscalía pidió este miércoles cinco años de cárcel (tres de ellos condicionales) y una inhabilitación durante el mismo período para la líder de la extrema derecha francesa. Un mes y medio después del inicio del juicio a Le Pen y a más de una veintena de miembros de Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) por una supuesta trama de empleos ficticios en el Parlamento Europeo, la dirigente ultra se enfrenta a este eventual castigo, además de una multa de 300.000 euros.
El Ministerio Público solicitó en el Tribunal de París esta condena por los delitos de «desvío de fondos públicos» y «complicidad». Los otros acusados -hasta 26, aunque Jean-Marie Le Pen (fundador de la formación) y otro dirigente no comparecen debido a su estado de salud- también hacen frente a penas de prisión e inhabilitación de entre tres años y seis meses. Además, la petición de la Fiscalía incluye multas de entre 200.000 y 10.000 euros. Se trata de un castigo más severo del sufrido a principios de año por dirigentes de la formación centrista MoDem en otro caso parecido, pero con una escala menor.
La sentencia del juicio a Le Pen no se conocerá hasta principios del 2025. Si el veredicto resulta condenatorio, el Tribunal deberá pronunciar automáticamente una pena de inhabilitación de al menos cinco años, salvo una decisión especial por parte de la corte. Así lo determina una ley anticorrupción aprobada en el 2016 y que se aplica en este asunto.
«Empleo ficticio»
En concreto, la justicia acusa a los dirigentes de RN de haber utilizado a sus asistentes en la Eurocámara para que trabajaran para el partido en lugar de ejercer labores parlamentarias. Esa trama duró entre el 2004 y el 2016. Inicialmente, el Parlamento Europeo cifró en siete millones de euros el impacto de ese sistema, pero luego lo rebajó a 4,5 millones. Una parte de ellos ya han sido devueltos por esta formación nacionalista y xenófoba.
«Crearon una máquina de guerra para desviar hasta la última miga», aseguró la acusación sobre un modo de funcionamiento que se acentuó a partir del 2014. Tras ganar ese año las elecciones europeas en Francia, el Frente Nacional (cambió de nombre en el 2018) disponía de más de 20 eurodiputados y vio una fuente de recursos en los 21.000 euros mensuales que el Parlamento Europeo pone a disposición para cada uno de sus representantes.
Entonces, «el partido se encontraba en una situación financiera especialmente delicada. Y utilizó de manera sistemática todo aquello que pudiera servirle para disminuir sus gastos», ya fuera «legal o no», explicó la fiscal Louise Neyton.
Los representantes del ministerio público detallaron los supuestos delitos cometidos por nueve exeurodiputados, doce asistentes, expertos en contabilidad y el entonces tesorero de la formación. Hablaron, por ejemplo, del caso de Thierry Léger, el histórico guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen que fue contratado como asistente de Fernand Le Rachinel, otro representante europeo entre el 2005 y el 2009.
«Solo iba a Bruselas cuando Jean-Marie Le Pen estaba allí y no iba si no estaba Le Pen», dijo el fiscal. «Se trata de un empleo ficticio. No porque no hubiera trabajado, sino porque esas tareas no fueron financiadas por la persona que se benefició de ellas», explicó.
«A pesar de que Wallerand de Saint-Just (tesorero) tenía un rol primordial, todo dependía de la señora Le Pen», afirmaron los fiscales, quienes calificaron de «inéditos» estos desvíos de fondos públicos por «su cantidad» y «su duración». La líder de RN, presente en la audiencia, negó varias veces con la cabeza e hizo alguna carcajada ante este tipo de acusaciones. Aunque en el inicio del proceso se mostraba confiada con la sentencia, ahora parece cada vez más resignada ante una posible condena. Ha acusado a los jueces en varias ocasiones de «someterlos a una presunción de culpabilidad».
«Espero que el Tribunal no tendrá en cuenta esta petición de pena» porque «no han aportado ninguna prueba salvo algunos correos electrónicos y mensajes de texto. (.) Lo único que interesa a la Fiscalía es acabar con mi carrera política», declaró Le Pen al término de una larga sesión. Si los magistrados siguen la petición de la Fiscalía, su futuro podría verse en entredicho. Incluso su candidatura en las próximas elecciones presidenciales, previstas para el 2027.