Los abogados de la familia de Edwin Arrieta: «No queremos la muerte de Daniel Sancho, sino que cumpla el mayor tiempo de cárcel en Tailandia»

La Voz AGENCIAS

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Beatriz Uriarte y Juango Ospina, abogados de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado por Daniel Sancho en Tailandia
Beatriz Uriarte y Juango Ospina, abogados de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano asesinado por Daniel Sancho en Tailandia Europa Press Reportajes

La familia del cirujano asesinado ha presentado un recurso contra la sentencia a cadena perpetua a Daniel Sancho, en el que piden que se eleve su condena a pena de muerte y que se aumente la indemnización

14 dic 2024 . Actualizado a las 19:01 h.

Los abogados en España de la familia de Edwin Arrieta han asegurado este viernes que han solicitado la pena de muerte para Daniel Sancho no con el fin de que sea ajusticiado, algo que ya no pasa en la práctica en Tailandia, sino para que pase el mayor tiempo posible en la cárcel allí, todo ello en un contexto marcado por la legislación tailandesa.

Los letrados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte han incidido en esta idea en una rueda de prensa en su despacho en la que han informado sobre el recurso contra la sentencia a cadena perpetua a Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, en el que piden que se eleve la condena a pena de muerte y se aumente la indemnización. 

Según la notificación del juzgado, el escrito presentado el 29 de noviembre ante el Tribunal de Samui solicita que se revise el fallo por motivos como la contundencia de las pruebas policiales y la falta de arrepentimiento del condenado.

Ospina ha criticado este viernes que se filtrara este recurso, presentado hace días, por parte de personas «cercanas a Daniel Sancho», y ha negado que haya incoherencias en lo que piden en el recurso y lo que sostuvieron durante el proceso, ya que efectivamente están en contra de la pena capital y además la familia de Edwin no la desea por sus convicciones religiosas. «Estamos en contra de la pena de muerte, somos fieles defensores de los derechos humanos y derechos fundamentales, y además el mandato expreso de la familia es que no haya pena de muerte», aclararon Ospina y Uriarte, que explicaron que lo que buscan con este recurso es «aumentar el tiempo y cumplimiento efectivo en Tailandia, habida cuenta que, como bien saben todos ustedes, no se produce ninguna muerte, ningún castigo capital en los últimos años y menos para turistas y personas extranjeras en el país».

Ha explicado que hay que situarse en la legislación tailandesa, cuyos letrados —que son los únicos que ejercen en la práctica allí— les recomendaron recurrir en primer lugar por la responsabilidad civil, que «es menor de lo que se dijo», cuando además la familia de Sancho «ha vendido derechos de autor en una plataforma de contenido audiovisual, mientras ellos siguen sin cobrar un solo euro». «No entienden que haya personas que se estén lucrando por un crimen atroz, pero no se indemniza debidamente a la familia de la víctima», ha añadido.

«Estamos ante un juego de palabras, de titulares orquestados», ha asegurado Ospina, que ha dicho que la realidad es que Sancho debe estar en prisión en Tailandia «el mayor tiempo posible» por un crimen por el que no ha mostrado arrepentimiento.

«La familia Arrieta no quiere pena de muerte y busca que Daniel Sancho cumpla en Tailandia el mayor tiempo posible de condena. Para ello, una cadena perpetua es lo que siempre han buscado. Hace siete o ocho meses, cuando comenzó el juicio oral en Tailandia, nosotros nos adherimos al papel del ministerio fiscal que pedía en su entonces, formalmente, la pena capital. Nosotros dijimos entonces y decimos ahora que no queríamos la pena de muerte», explicaron los abogados de la familia Arrieta. 

La sentencia, leída el pasado 29 de agosto, sostiene que Sancho golpeó con intención de matar al colombiano, cuyo cadáver fue descuartizado, y añade que «preparó» el crimen con la compra previa de cuchillos, una sierra y bolsas de plástico.

El asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia, según su Código Penal, pero el juez señaló en la sentencia que la confesión inicial del acusado ante la Policía sirvió de atenuante para rebajar la condena a cadena perpetua.