Luís Montenegro endurece sus planes contra la inmigración para frenar a la ultraderecha
INTERNACIONAL
La oposición ve inconstitucionales las macrorredadas policiales y una ley que veta el acceso a la sanidad pública a extranjeros
27 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La inmigración se ha convertido en el caballo de batalla del primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, en su lucha por seguir arrinconando a la extrema derecha. Hasta ahora, el Gobierno ha marcado dos frentes muy claros en este ámbito: la sanidad y unas espectaculares actuaciones policiales, y en ambos la oposición lo acusa de incurrir en decisiones anticonstitucionales.
Esta semana, en una carta abierta, dos decenas de personalidades políticas han acusado a la Alianza Democrática (conformada por los dos partidos de Gobierno, PSD y CDS) de «atacar» el Estado de derecho y democrático con fines electoralistas. Entre los firmantes se encuentran el expresidente de la Asamblea de la República, Augusto Santos Silva, o el expresidente del Tribunal Constitucional, Joaquim Sousa Ribeiro.
El texto fue publicado después de dos polémicas decisiones: por una parte, los dos partidos de Gobierno aprobaron en el Parlamento, con el apoyo del ultraderechista Chega, una propuesta de ley para que los inmigrantes sin papeles y los extracomunitarios no residentes pierdan su acceso a la sanidad gratuita. Más de 800 profesionales del servicio de sanidad han amenazado, también en una carta abierta, que desobedecerán esta decisión en caso de que se llegue a ratificar en la segunda votación. Consideran que la medida «viola la Constitución, la legislación europea y el código deontológico médico» y prometen no acatar una decisión que «agravará las desigualdades, perjudicará a los más vulnerables y comprometerá la salud pública». Los defensores de esta propuesta legal argumentan supuestos casos de turismo sanitario, pero no han querido hacer públicas las cifras de gasto en que esto se traduce. Por su parte, la oposición de izquierdas considera que la medida puede ser anticonstitucional por discriminatoria.
A la vez que se votaba este texto, Lisboa presenciaba una macrorredada policial, parte de una estrategia bautizada por Montenegro como «operación especial de prevención delictiva», y que visa aumentar la visibilidad de las actuaciones policiales para aumentar la sensación de seguridad ciudadana. Las actuaciones han tenido lugar en barrios donde se concentran más inmigrantes. «Es muy importante que se desarrollen operaciones como esta para que exista visibilidad y proximidad en la vigilancia y fiscalización de las actividades ilícitas», defendió el primer ministro.
Al igual que ya había hecho la oposición en el Parlamento, los firmantes de la carta acusan al Ejecutivo de «dejar caer gradualmente las conquistas del Estado social» y de apuntar a un modelo «con resultados desastrosos, de mayor desigualdad, mayor exclusión social y más violencia».