Yoon Suk-yeol fue detenido a principios de enero tras varios días atrincherado en la residencia oficial y juzgado por insurrección tras decretar la ley marcial
08 mar 2025 . Actualizado a las 16:55 h.El presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha salido este sábado de la cárcel después de que la Justicia ordenara un día antes su puesta en libertad. El Tribunal del Distrito Central de Seúl dictaminó que los fiscales violaron las normas del procedimiento penal al mantener la detención de Yoon más tiempo del permitido por la ley antes de presentar la acusación. El mandatario se enfrenta a un juicio por insurrección por su decisión de imponer la ley marcial el pasado mes de diciembre que desató una crisis política sin precedentes en el país asiático.
Yoon fue arrestado el 15 de enero y acusado formalmente once días más tarde por insurrección como responsable de la efímera imposición de la ley marcial. Desde entonces los abogados del exmandatario han llevado cabo una lucha en los tribunales para conseguir su liberación, usando como caballo de batalla el argumento que ahora tres jueces han dado por válido: los fiscales habían detenido a Yoon más tiempo del permitido.
Crisis política
El fallo no ha abordado el fondo del asunto de los cargos por los que el expresidente está siendo juzgado. Se ha limitado a la cuestión de si el procedimiento había transcurrido según lo estipulado por la ley en el momento del arresto y la acusación formal.
La madrugada del 3 de diciembre Corea del Sur se sumergió en la peor crisis política en décadas. Yoon sorprendió a todos declarando la ley marcial y acusando al Parlamento, en manos de la oposición, de «paralizar» su Gobierno y colaborar con el régimen norcoreano. La Asamblea Nacional tardó seis horas en anular la decisión.
Diez días más tarde, la Cámara legislativa aprobó su impeachment con miles de manifestantes pedían en el exterior que le expulsaran de la presidencia. Desde entonces Yoon se encuentra suspendido, a medida que continúan las investigaciones en su contra. El Tribunal Constitucional tiene 180 días de plazo para ratificar o anular la destitución. En caso afirmativo, el país deberá acudir a elecciones en un período de 60 días.