Los populares exigen a Tomé que defienda los intereses del Ayuntamiento
18 sep 2017 . Actualizado a las 22:12 h.El regidor dice
que tras intentar
la «vía do diálogo» ahora se recurrirá
a otras medidas
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula la reclamación económica -de en torno a 1,5 millones de euros- de la empresa concesionaria del servicio de aguas al Ayuntamiento de Monforte será objeto de debate en el próximo pleno, ya que el PP anunció que presentará una moción para exigir al alcalde «que actúe definitivamente en defensa dos intereses do Concello e non de Aqualia, como ten feito ata agora». Los populares consideran que la referida sentencia «evidencia que o acordo que o alcalde quería acadar coa empresa Aqualia era favorable para a concesionaria e prexudicial para os intereses do Concello». El acuerdo que proponía José Tomé -rechazado por el pleno- implicaría que la empresa retirase todos los contenciosos que tiene interpuestos contra el Ayuntamiento a cambio de que este renunciase a exigir las inversiones que Aqualia debía haber realizado, según estipula el contrato.
La portavoz del PP, Julia Rodríguez, afirma a este respecto que «o revés sufrido pola empresa Aqualia con esta sentenza obriga ao alcalde a a reconsiderar a súa postura». A su juicio, asimismo, la sentencia revela «que o desequilibrio que reclamou a empresa non era tal, mentres que son múltiples os exemplos nos que Aqualia incumpre o contrato e o equipo de goberno mira para outro lado, como fixo durante doce anos Severino Rodríguez».
Por estos motivos, los populares tienen previsto reclamar al gobierno local «que determine as cantidades que Aqualia verdadeiramente nos debe por todos os conceptos e propoña un acordo xusto que considere todos os prexuízos que os incumprimentos de Aqualia nos teñen ocasionado». Rodríguez dice además que «para cuantificar os incumprimentos da empresa e para reformular calquera posible acordo» es imprescindible contar con un informe económico «que lle foi solicitado ao alcalde varias veces, sen éxito».
Por su parte, Tomé afirma que su gobierno es que el más defendió los intereses del Ayuntamiento frente a la concesionaria del servicio de aguas y añade que «foi o PP que firmou o contrato con Aqualia e cando gobernaba non fixo nada por modificalo, mentres que o BNG estivo doce anos na alcaldía e tampouco fixo nada nese tempo». El regidor apunta además que su equipo de gobierno encargó varios informes para tratar de solucionar el conflicto con Aqualia -entre ellos, a expertos de las universidades de Santiago y Vigo- y defiende su intento de llegar a un acuerdo con la empresa como una tentativa de solucionar el problema «pola vía do diálogo». Añade Tomé que como esto no fue posible, ahora se recurrirá a otras vías.
Posibles iniciativas
No obstante, el regidor prefiere no especificar por ahora las medidas que promoverá el gobierno local para reformular el contrato con Aqualia -que califica de «daniño»- y dice que esta decisión se tomará en los próximos meses, una vez que se hayan estudiado los informes encargados a las referidas universidades.
Los ediles no adscritos y Esperta Monforte llevarán al pleno la cuestión del área sanitaria
Los cuatro concejales no adscritos de la corporación monfortina y la representante de Esperta Monforte, Maribel García, anunciaron que en el próximo pleno presentarán sendas mociones en las que pedirán que el Ayuntamiento inste a la Xunta a retirar el anteproyecto de la modificación de la Lei de Saúde de Galicia y el restablecimiento del área sanitaria. Los no adscritos consideran que la propuesta de ley presentada por el Gobierno autonómico el pasado agosto «está a xerar gran preocupación na sociedade monfortina, xa que todo indica que seguirá a recortar autonomía na xestión do noso hospital, o que se traduce nunha menor calidade da sanidade». Por su parte, Esperta Monforte recuerda que el pasado 29 de agosto se celebró en el Ayuntamiento un pleno extraordinario -con ausencia de los ediles del PP- «no que se elaborou unha alegación ‘unánime’ na que se rexeitaba ese anteproxecto de lei» y considera que ahora «é preciso dar o seguinte paso nese senso».
Según los no adscritos, por otro lado, entre los aspectos más preocupantes de la modificación de la Lei de Saúde están la «redución das áreas sanitarias» -que a su juicio supone desconocer «a nosa realidade xeográfica e sociodemográfica»- y la «consolidación da exclusión da atención primaria», así como el apartamiento de la sanidad de los órganos de representación ciudadana. Los ediles también critican lo que denominan como «consolidación do modelo privatizador do coñecemento, posto en marcha coa creación da axencia galega para a xestión do coñecemento en saúde».