Monforte incrementa el precio de las fianzas por las talas forestales
MONFORTE DE LEMOS
Una nueva ordenanza busca atajar los daños en los viales de titularidad municipal
04 sep 2024 . Actualizado a las 17:05 h.La ordenanza que regula por vez primera la extracción y transporte de madera por las empresas en el municipio de Monforte ya es firme a todos los efectos. El único obstáculo pendiente quedó despejado en el último pleno extraordinario con la denegación de las alegaciones presentadas, respectivamente, por el PP y por la Asociación Provincial de Empresarios de la Primera Transformación de la Madera de Lugo.
Los populares creen que las fianzas que deberán abonar las madereras —en previsión de posibles daños en las carreteras municipales— repercutirán en los propietarios del monte. El equipo de gobierno, por su parte, defiende que está actividad no se puede seguir desarrollando «con patente de corso».
No hubo unanimidad entre los partidos políticos a la hora de dar el visto bueno a la ordenanza. PSOE y BNG votaron a favor, Esperta Monforte se abstuvo y el PP se opuso al ver rechazada su alegación. Los populares consideran demasiado estrictas las exigencias que recoge la nueva normativa y dicen que traerá consigo «un exceso de burocracia».
Según su criterio, no está claro si la comunicación previa de las condiciones y el lugar de la tala implica que no se pueda iniciar hasta que se produzca una respuesta por parte del Ayuntamiento. Tampoco ven pertinente la exigencia del depósito de una fianza anterior a la tala por parte de las empresas madereras —la ordenanza no afecta a talas de particulares— porque al final «vai repercutir no propietario da madeira», apunta el concejal del PP Iván Vázquez. Aunque admite que esta regulación era «moi necesaria», sostiene que el texto que va a entrar en vigor «é bastante mellorable».
Cuestión de competencias
La alegación de la asociación provincial —que reúne a 272 empresas con actividad forestal en Lugo— apuntaba a la supuesta invasión por parte del Ayuntamiento de Monforte de competencias en esta materia que no le corresponderían. El concejal del equipo de gobierno Iván Torres intervino en el pleno para desmontar los argumentos de los empresarios del sector. «La ley reguladora de las Bases del Régimen Local otorga competencias en materia de medio ambiente a los ayuntamientos. Aquí no se está regulando la actividad forestal, sino su impacto sobre vías de titularidad municipal. El uso de los espacios públicos se regula mediante ordenanzas», explica.
Torres defiende la necesidad de aplicar fianzas a las empresas madereras por los daños que suelen producirse en las vías de titularidad municipal como consecuencia de este tipo de trabajos. «Una actividad económica —señala— no puede desarrollarse con patente de corso por muy importante que sea».
El importe de la fianza se calcula por el volumen de madera que se va a talar (0,50 euros por tonelada) y la afección de los vehículos que la transporten sobre las vías municipales (600 euros por kilómetro si son en tierra y 1.200 si están asfaltadas).
Tasas por tonelada cortada y normas para regular esta actividad en otros concellos de Lugo
Los ayuntamientos limítrofes de Meira, Pol, Ribeira de Piquín, A Pontenova, Riotorto y A Pastoriza se pusieron de acuerdo en su día para aprobar el cobro de una tasa de 60 céntimos por tonelada de madera cortada en sus respectivos concellos. Con el dinero esperaban hacer frente al desgaste de las vías municipales como consecuencia de las tareas de extracción y transporte. En esta provincia también Lugo, A Fonsagrada, Viveiro o Ribadeo disponen de normativas similares a la que aprobó Monforte.
«La ordenanza no es exclusiva nuestra, sino que son innumerables los concellos que regulan esta actividad. Si la alegación de los empresarios tuviese fundamento, estaría medio país incurriendo en una invasión de competencias», advierte Iván Torres.
El argumento que suelen esgrimir las empresas madereras a la hora de rechazar la imposición de tasas y fianzas es similar al que recoge la alegación del PP de Monforte. Desde su punto de vista, al final los perjudicados van a ser los propietarios del monte. Para el alcalde de Monforte, José Tomé, «o beneficio dun non pode implicar o prexuízo de todos». «Non todo vale e no noso concello danse situacións escandalosas», apunta en referencia a los daños por algunas talas.
Emilio Sánchez, portavoz del BNG, parte de que una ordenanza no es algo inamovible y aboga por modificar aquellos aspectos que a práctica demuestra que deben ser corregidos. «O que non podemos —precisa— é seguir como ata de agora. Houbo algún concello no que se derrogou unha ordenanza deste tipo despois das últimas eleccións municipais e agora choven de novo as queixas dos veciños».