Para ser defendidos en el juicio en el que están imputados por falsedad documental La vista se celebrará en la Audiencia Provincial a mediados del mes de abril
26 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.?os de los abogados más prestigiosos a nivel nacional se ocuparán de defender al secretario y a una jefa de servicio de la Diputación Provincial de Lugo, que se encuentran acusados por el fiscal de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, desobediencia y falsedad documental. Los dos imputados tendrán como letrados a Horacio Oliva y Gonzalo Rodríguez Mourullo. Los dos letrados, junto con otro equipo de penalistas, se encargaron de asesorar a Emilio Botín. Oliva, también se ocupa de la defensa del ex presidente del BBVA, Emilio Ybarra en el caso de las cuentas secretas del banco. Este letrado está considerado dentro del entorno del Partido Socialista. Oliva es amigo íntimo de Baltasar Garzón. Mantiene, a su vez, relaciones muy estrechas con algunos magistrados. El letrado fue uno de los encargados de defender a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián en el caso Sogecable, que terminó con la inhabilitación del juez Javier Gómez de Liaño. Entre los múltiples clientes que tuvo Oliva figuran el amigo de Felipe González, Enrique Saralosa; José María Benegas, Fernando Garro y el juez Miguel Moreiras. Asimismo, Oliva se ocupo de llevar los asuntos judiciales del ex secretario de organización del PSC-PSOE, Carlos Navarro (Caso Filesa) y Rafael Montes, por su presunta relación con la venta del solar de las torres Kio. Este letrado también asesoró a Silvio Berlusconi cuando Garzón le investigó por la gestión de Telecinco. Horacio Oliva es catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Dieciocho años de cárcel El fiscal lucense, además de imputar a la jefa de servicio y al secretario también acusa al interventor, José Ferreiro. Los dos altos cargos se enfrentan a una petición de 18 años de cárcel. Los hechos parten de una investigación de la fiscalía sobre el cobro de dietas por parte del vicepresidente primero, José Carlos Rodríguez Andina, ex-alcalde de Ribadeo. El fiscal, para conseguir documentación, envió un oficio a la Diputación reclamando un listado de las cantidades que había cobrado el diputado ribadense. Las presuntos impedimentos puestos para facilitar la documentación dieron lugar a una apertura de diligencias y a la posterior acusación. El citado oficio llegó en un principio al secretario que informó al presidente de la Diputación y, a continuación, hizo fotocopias que entregó a los otros dos acusados. Sin embargo el fiscal considera que éstos «se pusieron de acuerdo para ocultar la documentación mediante la estratagema de remitir sólo aquellos datos que no eran comprometedores». La investigación llevada a cabo desde la fiscalía reveló que la documentación, supuestamente, no pasaba por el departamento de Intervención para no ser fiscalizada. Así lo había ordenado el interventor, según la acusación público. En el juicio, que tendrá lugar a mediados del próximo mes, fue llamado a declarar Francisco Cacharro, aunque éste no llegó a ordenar que no se le facilitase la documentación que solicitaba la fiscalía en los oficios que había remitido en su momento.