Veintinueve empresas de la provincia de Lugo fueron sancionadas con 90.762 euros por infracciones en materia de seguridad laboral, en el primer cuatrimestre de este año. Estos datos fueron dados a conocer ayer en la reunión de la comisión provincial de coordinación del protocolo firmado entre la Consellería de Traballo y el ministerio fiscal. El 90% de las multas fueron por incumplimiento de la legislación laboral.
Los miembros de la comisión analizaron algunos de los accidentes laborales ocurridos en la provincia en los últimos meses y valoraron los resultados de los mecanismos de coordinación. El último siniestro con un fallecido ocurrió el viernes pasado en Becerreá, donde pereció un operario rumano que desbrozaba los alrededores de una línea de alta tensión. Era su primer día y apenas llevaba una semana en España. Trabajaba para una subcontrata de una subcontrata a la que le había encargado el trabajo Fenosa.
En el mismo Ayuntamiento de Becerreá fallecieron también hace unos meses un maderista jubilado y un operario que se dedicaba a trabajar a jornal. Ambos no figuran en las estadísticas de siniestralidad laboral de la provincia por sus condiciones específicas.
En el mismo periodo analizado por la comisión de coordinación dieron cuenta de que en ese mismo periodo se tramitaron otros 19 expedientes sancionadores, con propuestas de multas que suman 89.700 euros. Todos, salvo uno, fueron por incumplir las normas en vigor en materia de seguridad e higiene.
A la reunión, que presidió el delegado de Traballo, Miguel Vázquez Calvo, asistieron el fiscal encargado de salud laboral, José Luis Álvarez García; representantes del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral; de la Inspección de Trabajo; de la Policía Judicial y del Servizo de Relacións Laborais.
El delegado de Traballo, Miguel Vázquez Calvo informó también que se reanudó el procedimiento administrativo de 13 expedientes sancionadores que fueron devueltos por diferentes juzgado de la provincia. En todos los casos notificaron la decisión de no recurrir a la vía judicial por los hechos estudiados. Durante el tiempo que permanecieron las actuaciones en manos de la justicia el expediente administrativo permaneció a la espera de un resultado.
Estas reuniones se celebran de forma periódica desde hace algunos años. La comisión nació para aunar esfuerzos desde todos los sectores implicados en la lucha contra la siniestralidad laboral. Por parte de la Administración constataron que cuando las actuaciones llegaban a sus manos era ya demasiado tarde para conocer en profundidad lo ocurrido y en la mayoría de los casos dificultaba las actuaciones.