La titular del Juzgado de Instrucción número dos declaró ayer vista para sentencia la reclamación por la vía civil en el que la madre lucense Lina Álvarez demanda 2,7 millones de euros a dos ginecólogos y un pediatra, a los que responsabiliza de la lesión cerebral que padece su hijo, que ahora tiene 19 años. Álvarez, que también es médico, insiste en que el daño del joven se deriva de las punciones para una amniocentesis que le realizaron el ginecólogo coruñés Nicolás Rosado Gómez y el lucense Juan Bravo Lozano que se sentaron en el banquillo en noviembre del año 2006, junto con el pediatra Roberto Pérez Pacín, al que la madre acusa de haberle ocultado las lesiones de su hijo. La vista fue aplazada en su día a la espera de nuevos informes periciales.
De los dos peritos que estaban citados ayer únicamente compareció uno, Francesc Palao, especialista en Pediatría y experto en genética humana. A preguntas de los letrados de defensa y acusación el genetista respondió que no se podía establecer un nexo causal entre las lesiones del joven y la amniocentesis que le fue practicada a su madre. «No es que no haya podido ocurrir», aclaró. En otro momento resaltó que no existía información desde el punto de vista científico que permitiera establecer una base directa, ni tampoco desde el punto de vista clínico.
Problema genético
Posteriormente le trasladaron a Palao la pregunta de si el del joven podría ser un problema genético. «La enfermedad existe -dijo- el problema también y es del desarrollo, lo que no se sabe es si es causa genética». A renglón seguido manifestó que existían posibilidades genéticas y hereditarias. «No se puede establecer una causa genética, pero tampoco rechazarla, aunque sólo se haya dado un caso en la familia».
En el turno de conclusiones las partes intentaron imponer sus tesis. El representante de Lina Álvarez trató de demostrar que las punciones realizadas cuando era gestante para practicarle la amniocentesis fueron la causa de la parálisis cerebral. Insistió en que Bravo convenció a la madre para que acudiera a hacerse esta prueba, pese a que aún no había cumplido los 35 años. Le recomendó un ginecólogo coruñés, que durante el juicio negó que hubiera atendido a Álvarez, que le realizó tres punciones, sin el correspondiente consentimiento informado. La embarazada se marchó antes de que le realizara la cuarta, que le practicó finalmente el profesional lucense.
Ocultación de expediente
Al ginecólogo lucense lo acusó de ocultación del expediente de gestación, lo que hubiera permitido conocer el crecimiento del perímetro craneal del niño. Y, al pediatra, de omitir en la cartilla natal la misma medición.
El representante legal del ginecólogo lucense argumentó que ningún informe pudo establecer que la amniocentesis fuera la causa de la lesión cerebral del niño. Resaltó en que su patrocinado no presentó el expediente de gestación porque la ley no obliga a mantenerlo tanto tiempo. Insistió también en que no hubo conspiración contra la médica lucense por parte del resto de los facultativos de la provincia de Lugo.
Cuestionan la amniocentesis
El representante de la madre lucense insistió en su intervención que su representada consiguió el título de Medicina cuatro años después del nacimiento de su hijo. Por su parte, el letrado del ginecólogo coruñés volvió a insistir que su representado no había asistido a Álvarez ni le había practicado la amniocentesis. Una familiar de la demandante abandonó la sala indignada por lo que estaba escuchando.