La investigación también puso al descubierto que las claves de acceso a algunos programas informáticos (de gran importancia por contener datos de los expedientes) y algunos cruños o sellos que avalaban decisiones relevantes no estaban sometidos a un control especial. Parece que la mayoría de los funcionarios podían entrar en los programas.
Más curioso resulta el caso del sello que daba validez a las prórrogas de estancia. Estaba en el armario de un despacho de la comisaría y al mismo, supuestamente, podía acceder todo el personal, especialmente en las horas de funcionamiento de la sección de extranjería.
Fue detectada, a su vez, una preocupante falta de criterios. Al parecer mujeres que fueron detenidas en la misma redada policial acabaron siendo expulsadas del país por tiempo diferente. A algunas les aplicaron cinco años y a otras tres. Hubo también casos de que en la comisaría proponían expulsiones y en la Subdelegación del Gobierno multas o viceversa.
La grabación de datos relevantes en los programas informáticos también fue motivo de extrañeza. En algunos casos hay diferencias de hasta dos semanas entre la firma en el documento en papel con lo que figura en la aplicación informática.
Los investigadores también supieron que expedientes relevantes iban desde la oficina de Río Neira hasta la Subdelegación sin ningún tipo de control ni registro de salida y entrada. Los llevaba una persona.