La operación constituye un posible delito de alzamiento de bienes
27 ago 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El solar donde se encuentra ubicado el club de alterne Eros está en alquiler. Eso es, al menos, lo que anuncia un cartel colocado en la cancilla metálica que da acceso al aparcamiento. La oferta no tendría nada de especial si no fuera porque tanto el inmueble como los terrenos donde se asienta están incautados por orden de la jueza Pilar de Lara Cifuentes, que, como instructora de la operación Carioca, así lo estableció después de haber clausurado el local. Todo el conjunto se encuentra embargado.
Hace unos días fue colocado un cartel de anuncio de alquiler. En el mismo figura un número de teléfono fijo. Ayer, a media tarde, nadie atendía las llamadas. No es posible determinar si el teléfono corresponde a una inmobiliaria o a un particular, aunque todo parece indicar que se trata de lo último. Si fuese un anuncio efectuado por una agencia, es posible que se hiciese constar el nombre de la misma. Por otra parte, resultaría muy poco probable que un profesional de los negocios inmobiliarios aceptase la operación sabiendo que terreno y local están rodeados de una gran polémica.
Al parecer, el equipo de agentes que trabaja en la operación ya abrió una investigación sobre el particular. Uno de los primeros pasos sería el de determinar si realmente alguien alquila, a través del teléfono anotado, el solar o si, por el contrario, se trataría de una falsa oferta.
Severas medidas
En la Carioca todo parece posible. De todos modos, si alguien trata de alquilar el Eros, podría exponerse a incurrir en un delito que algunos expertos consultados ayer tipificaron como de alzamiento de bienes.
En su momento, la magistrada Pilar de Lara adoptó drásticas medidas con relación al burdel de Garabolos al considerar que detrás del mismo podrían esconderse oscuras operaciones. De hecho, no es descartable que en su momento fuese urdida una trama para desapoderar de su patrimonio a José Marcos Grandío Ascariz (presunto responsable del burdel) con el fin de evitar que éste incurriese en responsabilidades de tipo penal o civil.
En agosto de 2010, el Juzgado de Instrucción 1 prohibió la enajenación de las fincas 19 y 21 de la avenida de A Coruña, que corresponden al burdel. La instructora decretó su embargo y aprehensión.
La decisión fue recurrida por una mujer que alegó ser la propietaria después de la resolución de un contrato de compraventa que había llevado a cabo anteriormente con José Marcos Grandío Ascariz y Carlos Ares Viña, ambos imputados en la operación. El acuerdo quedó sin efecto, en base a una sentencia, por un incumplimiento de las condiciones establecidas por parte de los adquirientes.
La jueza rechazó el recurso interpuesto contra el embargo de las fincas y la que dice ser dueña recurrió a la Audiencia, pero el alto tribunal no le dio la razón.+