Deja pendientes las declaraciones de Conde Roa, Albino Vázquez Aldrey, Paula Prado, Amalia González y las del presunto traficante de arte, Leonard Patterson
12 feb 2014 . Actualizado a las 04:40 h.La operación Pokémon alcanza los 122 tomos, en los que se recogen los detalles de la mayor investigación sobre supuesta corrupción municipal desarrollada en Galicia y que salpica a los gobiernos de las ciudades de Lugo, A Coruña, Santiago, y Ourense, y a otros municipios gallego, asturianos y catalanes. La investigación se inició en el 2011 y supera el centenar de imputados, entre los que hay políticos de PP, PSOE, BNG y CiU.
La jueza Pilar de Lara comunicó a las partes, pasadas las doce de la mañana de ayer, que levantaba el secreto, en algún caso de forma parcial, de 96 volúmenes que vienen a sumarse a los 26 que desclasificó hace algo más de una semana. Los abogados de los imputados podrán acceder desde hoy a la extensa documentación de la macrocausa. De esta forma, hoy podrían conocerse declaraciones de personajes claves en el entramado, como las del jefe de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez; su delegado en Galicia, José María Tutor, y las del alcalde de Lugo, Xosé López Orozco, y de quien fue su mano derecha como concejal, Francisco Fernández Liñares.
De momento no se conocerá lo que declararon varias personas relacionadas con el Ayuntamiento de Santiago. Se mantiene el secreto sobre las declaraciones del exalcalde compostelano Gerardo Conde Roa (PP); las del exedil de Seguridade Cidadá, Albino Vázquez Aldrey; la concejala de Régimen Interior y Personal, Amalia González Brandariz, y la portavoz del PP en el Parlamento, Paula Prado.
También habrá que esperar para saber lo que declaró Leonard Patterson. Este hombre, considerado presunto traficante de arte, compareció a declarar ante la jueza De Lara, a pesar de que no se presentaba en los juzgados de Santiago para celebrar un juicio que tenía pendiente. Patterson, de 69 años, fue interrogado por unos hechos que comenzaron a principios del 2010, cuando Conde Roa, en calidad de edil del PP, supuestamente entregó 75.000 euros al considerado como traficante.
Explica la jueza en el auto que entregó ayer a las partes que esas declaraciones serán transcritas parcialmente en las piezas correspondientes, a fin de no interferir en el resultado de otras investigaciones en curso.
La jueza acordó mantener el secreto, durante un mes más, de diversos documentos recogidos en 73 tomos. Recuerda que continúan practicándose diligencias de investigación «cuyo conocimiento por las partes podría frustrar el éxito de la instrucción».
Aunque se prevé que en los tomos sobre los que ya no pesa el secreto haya abundante documentación sobre la operación Pikachu, relacionada con contratos en el Ayuntamiento de A Coruña, esta parte forma parte de otra causa que se encuentra declarada bajo secreto toda vez que las investigaciones se encuentran en curso.
El hecho de que la jueza hubiese levantado el secreto de 122 tomos de la operación no significa que la investigación esté cerrada plenamente. En su día hizo nueve causas, sin embargo advertía en un auto que se trataba de una repartición orientativa y que podían aumentar.
Quedan diligencias por practicar e informes por recibir con relación a algunas causas, si bien otras están ya prácticamente cerradas. La siguiente fase será un posterior reparto por parte de De Lara a diversos juzgados, especialmente de Santiago, que es a donde irán las causas que se refieren al Ayuntamiento de esa ciudad.
Hay pendientes decisiones como la que ha de adoptar la Audiencia de Lugo sobre la declaración del exedil lucense y expresidente de la Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares. Su abogado reclama que lo expresado por este imputado sea nulo por haber pasado ante la jueza una vez sobrepasado el plazo legal de detención. En su día tuvo que ser excarcelado.