Pedirá una indemnización acorde a su estado en un juicio en abril
17 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El Juzgado de Primera Instancia número cuatro reabrió el caso de Francisco Javier Solana Ferreiro, discapacitado a raíz del atropello sufrido el 12 de febrero de 1990 en O Corgo, cuando tenía siete años. En la vista que se celebrará el próximo 1 de abril, la madre del joven, Laura Ferreiro Díaz, reclamará a la compañía de seguros, al conductor del vehículo y a su propietario 1.161.838,96 euros. Introducirán dos nuevos elementos que hasta ahora no habían salido a la luz. Por un lado, que existe un testigo del accidente que asegura que el vehículo, que circulaba a gran velocidad, fue a golpear al niño de 7 años en el arcén. Y, por otro, nuevas secuelas del atropello.
La indemnización está cuantificada en función del baremo en vigor en la actualidad, que no lo estaba cuando le pagaron a la madre la indemnización de 15 millones con la que aseguradora trató de zanja el asunto. Valora las secuelas fisiológicas, tanto físicas como un trastorno orgánico de la personalidad muy grave, que le detectaron hace poco; los daños morales complementarios; la invalidez de Fran que hace que sea una persona dependiente de terceros; la necesidad de adecuar la vivienda en la que residen madre e hijo y el perjuicio moral de los familiares.
Justicia gratuita
Laura Ferreiro consiguió justicia gratuita para afrontar esta fase de un largo proceso judicial, que se prolonga más de veinte años. El juicio del día 1 es posible gracias a una sentencia de la Audiencia Provincial que anuló la renuncia de Laura Ferreiro del año 1990 a las actuaciones judiciales, después de cobrar 15 millones de indemnización.
El abogado de esta familia, Juan Carlos Quindós Lindín, presentó una demanda en el juzgado en la que justifica la necesidad de indemnizar por daños y perjuicios derivados del accidente a Fran Ferreiro, en una nueva situación. Parte de la base de algunas incorrecciones en el atestado que en su día levantó la Guardia Civil y que responsabilizan al niño del atropello por cruzar la carretera en su bicicleta, e «irrumpir de forma antirreglamentaria en la calzada»
La nueva tesis, sustentada en un testigo y en una recreación del accidente encargada a un perito, exime de la culpa al niño. Se basa en que Fran ya estaba del otro lado de la carretera, en el arcén, cuando fue alcanzado por el vehículo. Según esta nueva versión, derrapó porque la calzada estaba mojada y circulaba a gran velocidad.
Discapacidad en aumento
En el año 1998 el equipo de valoración de la Xunta calificó a Fran con un grado de minusvalía del 75%. Tres años más tarde elevó ese porcentaje al 81%, al apreciar que el joven presentaba «trastorno psicótico y alteración permanente de la personalidad de base orgánica, con pérdida absoluta y permanente de autonomía, con dependencia de terceros». En 2012 la Xunta elevó el porcentaje nuevamente, hasta el 89%.
El joven está incapacitado totalmente por sentencia para regir su persona y administrar sus bienes. El juzgado nombró tutora a su madre Laura Solana.
Juan Carlos Quindós, el abogado, hace referencia en la demanda a la situación en la que viven Fran y su madre. Los únicos ingresos que perciben son una pensión no contributiva por invalidez por importe de 492,62 euros, que cobra el hijo y otros 310,17 euros de la madre. Ella no puede trabajar porque los cuidados del joven se lo impiden. Tuvo que cerrar el bar que regentaba en el lugar del atropello. Desde entonces no pudo hacer frente a sus deudas. La casa, que necesita reparaciones importantes para adaptarla a la discapacidad de Fran y a sus necesidades, está embargada por impago de deudas.
15 millones de pts
Indemnización abonada
La compañía de seguros pagó a la madre esta cantidad en 1990 y Laura renunció a las acciones legales que pudieran corresponderle. La Audiencia revocó este acto. No entró a valorar las causas del accidente. Ahora se cuestiona el atestado de Tráfico, con un testigo.
1,1 millones de euros
Indemnización que reclama
La cuantificación está basada en las secuelas, la incapacidad, la necesidad de ayuda de una tercera persona, la adecuación de la vivienda y los perjuicios morales causados. La situación del joven empeoró con el paso de los años.