García Adán, jefe del Queens, debería resarcir a su exmujer pero no dispone de recursos, según el acuerdo de la Audiencia
12 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El jefe del club Queens, José Manuel García Adán, condenado por maltrato y agresión sexual a su exmujer, debería indemnizar a esta, pero no dispone de recursos. También debería abonar las costas procesales. Pero, según la Audiencia Provincial, no tiene recursos. Por esta razón, el alto tribunal lucense tomó el acuerdo de embargar un total de 60.000 euros de las cantidades que la jueza De Lara había retenido en el marco de la operación Pokémon. El asunto que llevó a la cárcel a García Adán nada tiene que ver con esta instrucción a pesar de que él es el principal cabecilla de la presunta trama, sin embargo hasta ahora no llegó a ser juzgado porque la instrucción sigue en marcha.
El embargo afecta, dice la Audiencia, al dinero «al que no se le hubiere dado un destino específico». Los 60.000 euros que embarga tendrían el siguiente reparto: 40.000 para las indemnizaciones que fija la sentencia que condenó a García Adán y 14.888 euros por las costas en primera instancia y 2.330, por las correspondientes a un recurso de casación tramitado ante el Supremo.
La sección segunda de la Audiencia comunicó al secretario del Juzgado de Instrucción número 1 que ha de transferir dicha cantidad a una cuenta de depósitos de la citada sala.
La jueza De Lara, al tener constancia de la decisión, acordó poner la misma en conocimiento de las partes presentes en la Carioca y también del Ministerio Fiscal. Advierte la instructora que las cantidades embargadas en la macro operación no solo lo fueron a José Manuel García Adán sino también a otros imputados. Recuerda que la Audiencia no precisa el titular del dinero que pretende embargar.
Destaca también la instructora de la operación que, hasta ahora, a las cantidades embargadas no les dieron ningún destino concreto, «puesto que no ha recaído sentencia ni resolución que ponga fin al procedimiento». También recuerda que las cantidades están embargadas «con la prioridad de reparar el daño causado e indemnizar de los perjuicios derivados de este procedimiento en el que existen pluralidad de víctimas».
Lara recuerda que en el procedimiento que tiene abierto pudieron haberse cometido delitos de prostitución, contra la Administración Pública, los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales. La jueza plantea que sean las partes afectadas las que puedan pronunciarse y les concede para ello un plazo de cinco días.