El 16 de abril de 1921 el Gobierno lo declara monumento nacional para evitar más derribos
16 abr 2021 . Actualizado a las 13:02 h.El 16 de abril de 1921 supuso un antes y un después en la historia de la Muralla de Lugo. Ese día era formalmente declarada por el Gobierno como monumento nacional. Una figura jurídica que pretendía poner fin a los desmanes que el Ayuntamiento, con el alcalde Ángel López Pérez al frente, venía permitiendo en los últimos años en el muro romano y ante el temor de que se realizasen más daños irreparables.
Los acontecimientos previos a aquel 16 de abril precipitaron la declaración. El 24 de enero de ese año literalmente se voló con dinamita un cubo de la Muralla para abrir la que sería la última puerta, la del Hospital. Pero no era la única acción prevista en el monumento. El alcalde había consentido tirar otro cubo en la puerta de la Estación para construir un garaje. La denuncia de cinco vecinos de Lugo, que se presentó ante el consejo de ministros, fue crucial para que se acelerase todo el proceso para declarar monumento nacional a la Muralla, aunque no llegó a tiempo para impedir la citada voladura del 24 de enero en la actual puerta Bispo Odoario.
Seis días antes de esta fecha, el arqueólogo José Ramón Mélida elaboraba un informe a raíz de la denuncia de los vecinos (que luego se constató que eran nombres falsos), en la que se analizaba la importancia del monumento lucense y la necesidad de otorgarle la máxima protección para evitar desmanes. Mélida llega a decir: «Se imponga al Ayuntamiento de Lugo el correctivo que se merece por el incalificable acuerdo de autorizar la demolición».
Este informe se publicó el 31 de marzo de 1921 en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (con la firma del director general de Bellas Artes, Enrique María Repullés) y sirvió de base para el decreto con el que se promulgó el 16 de abril la categoría de monumento nacional.
El historiador Adolfo de Abel Vilela tiene analizado el proceso que llevó en aquellos años tanto a realizar diversos destrozos en el muro romano para abrir puertas y adosar casas como en la consecución de su reconocimiento como bien de interés patrimonial. Y así, recuerda como ya en el Senado, en 1912, se aceptó una proposición de ley para proteger a la Muralla, y como el consejo de ministros decretó dos órdenes en 1913 en las que se prohibía de manera expresa la construcción de edificios adosados. Fueron estas normas a las que se acogieron aquellos cinco vecinos alarmados porque el Ayuntamiento enajenaba un cubo para construir un garaje.
Abel Vilela señala en un artículo sobre arqueología lucense publicado en el Boletín del Museo Provincial que si la Muralla se ha mantenido más o menos en pie ha sido gracias a su fortaleza constructiva (los obreros no pudieron en 1921 con sus picos y palas contra la ingeniería romana y usaron dinamita), aunque también destaca el trabajo de algunas personas que lucharon por su conservación.
El enfado del alcalde
El alcalde López Pérez, a juicio de Abel Vilela, está considerado como un gran regidor por su visión de un Lugo moderno «pero era enemigo de los monumentos». Y así, el 30 de abril, dos semanas después de que el Gobierno concediese a la Muralla la máxima protección, el regidor procedió a comunicar al gobernador de que el Ayuntamiento dejaba de hacerse cargo del muro romano para entregárselo al Estado, «deseando que la cuide y atienda con no menos celo que lo verificó el municipio, de cuyo amparo y tutela se ha logrado sustraerla a instancia de anónimos denunciantes de hechos imaginarios».
De esta forma, la Muralla se unía a la Catedral de Mondoñedo como únicos monumentos nacionales hasta ese momento y no sería hasta el 11 de octubre de 1994 cuando los gobiernos central y autonómico acordaron el traspaso a la Xunta.
Cincuenta aniversario de Muralla Limpia
El 8 de julio de 1971 el Gobierno aprobó (BOE, 16 de agosto) el decreto de expropiaciones forzosas de las casas pegadas a la Muralla con el objetivo de derribarlas. Se oficializó la demolición de 130 viviendas y 1.429 cobertizos, en la conocida como Muralla Limpia, y cuyas obras finalizaron con la visita de los Reyes de España en julio de 1976. Aquel decreto de hace 50 años señalaba: «Existen una serie de construcciones adosadas que impiden su contemplación y conservación, lo que hace aconsejable su adquisición por el Estado, a fin de liberarla de estas edificaciones y proceder a su restauración total.
