Operación Carioca: La defensa del inspector de Extranjería admite «corruptelas» pero dice que se hacían «para agilizar los trámites»

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

LUGO

Evaristo Rodríguez, exinspector jefe de la Brigada de Extranjería de Lugo, entrando a la Audiencia Provincial
Evaristo Rodríguez, exinspector jefe de la Brigada de Extranjería de Lugo, entrando a la Audiencia Provincial ALBERTO LÓPEZ

Las grabaciones de la parte policial de la trama apuntan a Pumares y su defensa pide su nulidad, mientras que el cerco sobre la manipulación de los permisos de residencia se estrecha sobre Eduardo Castro, el agente fallecido

14 jul 2021 . Actualizado a las 20:33 h.

La pieza de la Operación Carioca relacionada con la parte policial de la macrocausa quedó vista para sentencia este miércoles. El tribunal de la sala segunda de la Audiencia Provincial dio por terminado el juicio tras dos jornadas, en las que se sentaron en el banquillo de los acusados Evaristo Rodríguez, exinspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Lugo, y Germán Pumares, exfuncionario de la misma unidad y abogado. 

El primero de ellos estaba acusado de dos delitos de falsedad de documento público, por lo que le piden 9 años de cárcel; mientras que el segundo se enfrentaba a una petición de una multa de 900 euros por dos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Según la Fiscalía, ambos colaboraban con un tercer imputado, Eduardo Castro, exsubinspector de la Brigada de Extranjería y ya fallecido, para falsear varios informes policiales con el objetivo de conseguir prórrogas de permisos de residencia para ciudadanos extranjeros, muchas de ellas mujeres brasileñas, y todos relacionados con el negocio de los prostíbulos que tan relevante hizo hace más de diez años a la llamada Operación Carioca.

Tras un primer día de juicio, en el que los acusados defendieron su inocencia y señalaron a su cómplice fallecido, el agente Castro, como autor de las falsificaciones en los expedientes, este miércoles fue el turno de varios abogados, un policía y una perito calígrafa. Además, se reprodujeron las grabaciones obtenidas tras pincharle el teléfono a Germán Pumares, una de las pruebas más potentes de la acusación. Tras más de cuatro horas, ambas partes expresaron sus conclusiones finales y el proceso quedó visto para sentencia. 

«[De Lara] me dijo: "Si DECLARAS CONTRA Pumares, LO TENDRÉ EN CUENTA", pero yo no quise»

El primero en pasar por el puesto de testigo este miércoles fue un eximputado en la Carioca, que había sido cliente de Pumares. En su intervención, llegó a decir que, cuando lo llamaron para declarar, «la jueza [Pilar de Lara] me dijo que si declaraba contra Germán, lo tendré en cuenta, pero yo no quise, porque no tenía nada malo que decir de él». En varias de las escuchas se le oye hablar con Pumares de temas relacionados con la expulsión del territorio nacional de varias mujeres extranjeras, pero él lo negó tajantemente. Tras recordarle el fiscal que había ratificado esa información en una declaración anterior, en fase de instrucción, terminó admitiéndolo. Dijo que Pumares era «amigo» suyo y que nunca le había pedido nada en temas de extranjería, solamente algún consejo. 

Tras él, fue el turno de J. L. R., un abogado, compañero de Pumares y especializado en temas de expulsiones del territorio nacional y permisos de residencia. Afirmó conocerlo, y que tenía una relación «cordial, de compañerismo» con él, por lo que «a veces hablábamos de cosas de extranjería, claro, pero solamente en un ambiente relajado y para pedirle su opinión sobre algún tema». 

Al igual que los dos anteriores, un policía retirado, extrabajador en Extranjería, explicó que «en aquellos años había mucho movimiento por aquel departamento, ya que había una gran afluencia de inmigrantes en Lugo». Por su parte, afirmó que las prórrogas de permisos de residencia los firmaban los agentes al cargo, ya fuese el subinspector de Extranjería (Castro), su superior (Rodríguez) o el máximo mando, el comisario Maximino Losada. Muy curioso fue uno de los casos por los que le preguntó el Ministerio Fiscal. Se trata de la ocasión en la que él mismo le recomendó al gerente del Club Eros acudir a Pumares, tras haberle este preguntado por un abogado. Dijo que no sabía que se trataba de un tema de extranjería cuando le pasó el caso al funcionario, por lo que el fiscal le pidió explicaciones sobre por qué justamente recomendó a Pumares, especialista en esa materia. «Por cercanía y amistad», comentó.

También pasó por la sala la perito calígrafa, que se ratificó en su informe, en el que se detalla que las firmas de varios informes de permisos de residencia fraudulentos no eran las de Rodríguez, por lo que fueron falsificadas. Certificó, sin embargo, que dos de las fechas escritas en los informes juzgados respondían a la escritura manual de Castro y Pumares.

Las escuchas, la clave para condenar a Pumares

En la segunda parte del juicio, se reprodujeron las escuchas realizadas sobre el teléfono de Germán Pumares entre los años 2008 y 2009. En ellas, se pueden escuchar más de una decena de conversaciones en las que el funcionario habla con diferentes personas, la mayoría de ellas relacionadas con la Carioca y con algún tipo de interés por la obtención de un permiso de residencia, para ellas mismas o para personas de su entorno. Pumares pronuncia sentencias como «la persona que llevaba esto está de vacaciones, pero me encargo yo personalmente de solucionártelo», o acepta ofertas como «tengo un chico aquí que quiere pedir un permiso en Coruña... nos reunimos en tu despacho y lo hablamos con calma».

Conclusiones enfrentadas entre la Fiscalía y las defensas

Terminada esta parte, fue la hora de las conclusiones. Ambas partes defendieron sus posturas, y se ratificaron en sus posiciones iniciales. El Ministerio Fiscal, por su parte, fue demoledor contra ambos acusados. Insistió en que «la responsabilidad de la emisión de los informes era de Evaristo Rodríguez», los cuales eran «de vital importancia para que se terminasen concediendo las prórrogas, no un mero trámite», y definió sus actuaciones como «una flagrante falta a la verdad». «Es posible que los informes ya vinieran falseados de Germán Pumares, pero la responsabilidad policial de emitirlo y gestionarlos era del inspector Rodríguez», llegó a decir. Terminó haciendo hincapié en que la idea de utilizar la justificación médica para falsificar los informes fue idea de Castro, pero que «la excusa de fiarse de los compañeros no debería valer para Rodríguez». 

Con respecto a Pumares, el fiscal incidió en que «lo que se ha visto en las declaraciones es que, sobre todo durante el horario de tarde, cuando trabajaba a nivel particular y no como funcionario, asesoraba y citaba en su despacho a muchas personas sobre asuntos de extranjería y estrategias legales, poseía importante documentación... Algo incompatible con su funcionariado público». Su defensa, sin embargo, advirtió de que esas escuchas «no tienen validez», ya que «fueron autorizadas de forma irregular e incomprensible por la jueza». A pesar de que en varias grabaciones se le puede oír hasta tratar con un socio un intento de frenar la expulsión del territorio nacional de la pareja de García Adán, uno de los mayores implicados en la parte de la prostitución de la Operación Carioca, su defensa afirma que «Pumares no interviene bajo ningún tipo de lucro ni interés personal, solo le da su punto de vista a quienes le piden consejo».

Finalmente, la defensa de Evaristo Rodríguez pidió también la libre absolución de su cliente, basando su argumentación en que «no hay pruebas firmes que sustenten una acusación en la que se relacione a mi defendido con los informes falsos». Dijo que «está claro que los informes los editó alguien que no acostumbraba a hacerlo, ya que tenía varios errores [un fallo en la numeración del expediente, por ejemplo], algo que descarta a Pumares y a Rodríguez, que sabían redactarlos a la perfección». Sin embargo, la defensa de Rodríguez contó, de forma algo sibilina pero clara, que «por aquel entonces en la comisaría sí que se hacían algunas "corruptelas"», pero que solo se llevaban a cabo «para agilizar los trámites y ayudar a los ciudadanos», quienes «casi siempre pedían los permisos de residencia con pocos días de margen y analizar los informes al pie de la letra provocaría que se quedasen hasta en situación ilegal por la tardanza».

El juicio quedó visto para sentencia, no sin antes escuchar el tribunal un alegado de Evaristo Rodríguez, exinspector jefe de la Brigada de Extranjería, en el que defendió su inocencia y se declaró «víctima de un engaño» por parte de sus compañeros de la Comisaría de Lugo.