La Diputación también escogió a Edgar Cloos y a Félix Mondelo para un órgano que evite los tiempos de espera del tribunal gallego
16 mar 2024 . Actualizado a las 20:16 h.La Diputación de Lugo anunció la próxima puesta en marcha de un tribunal administrativo con competencias para resolver recursos en materia de contratación en este organismo público o en cualquiera de los 67 municipios de esta provincia. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuais da Deputación de Lugo (Tarclu) estará presidido por la monfortina María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional. y premio Fernández Latorre en el año 2017. Con ella trabajarán Edgar Cloos, expresidente de la Audiencia Provincial de Lugo y también de Monforte, que ejercerá de vocal del tribunal; y Félix Mondelo, decano del colegio de abogados de Lugo, que será el secretario.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, explica que este nuevo tribunal está pensado para «coñecer e resolver cunha maior axilidade e eficacia os recursos especiais en materia de contratación da Deputación e tamén dos concellos que queiran facer uso deste servizo». Ganar agilidad en estos procedimientos legales, añade Tomé, es beneficios para la administración pública, pero también para las empresas involucradas en los contratos. Este tipo de recursos son relativamente comunes en las administraciones públicas y no es raro que los organismos judiciales competentes tarden en resolverlos porque están sobrecargados.
En el caso de Galicia, los recursos relacionados con contratos de las administraciones públicas con sede en la comunidad autónoma los juzga el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal). José Tomé apunta que este tribunal de ámbito gallego tardó en alguna ocasión cuatro meses en decidir sobre recursos que afectaban a la Diputación de Lugo. Esa lentitud, subraya Tomé, entorpece la gestión de proyectos públicos.
La ley de contratos públicos
La creación de este tipo de tribunales está prevista en el artículo 46 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero no es obligatoria, así que la mayoría de las Diputaciones provinciales no lo tienen. El Gobierno provincial lucense llevará la aprobación de este nuevo organismo jurídico al pleno de la Diputación que se reunirá el 26 de marzo.
El presidente de la Diputación de Lugo asegura estar convencido de que este tribunal inicia su andadura «nas mellores mans, cun panel de expertos coñecidos e valorados pola sociedade, que garanten a excelencia, o rigor e a independencia do tribunal».
Su puesta en funcionamiento apenas supondrá gasto económico para la Diputación, porque sus integrantes no tendrán una remuneración fija, sino que cobrarán únicamente dietas por cada reunión que celebren. El personal de apoyo que necesiten será además el de la propia Diputación.