El exdueño del Club Eros y su expareja aceptan cuatro meses de cárcel por blanqueo de capitales
LUGO CIUDAD
El hombre, M.G.A, fue condenado el pasado noviembre a tres años y medio de cárcel por delitos de inmigración ilegal o prostitución
13 abr 2021 . Actualizado a las 13:39 h.Más de diez años después, los juicios derivados de la Operación Carioca se siguen sucediendo en los juzgados de Lugo. En esta ocasión, fue el turno de M.G.A, expropietario del Club Eros, uno de los empresarios de la prostitución más castigados por la trama que asoló Lugo durante varios años, y a su expareja. La jueza que inició la macrocausa, como suele ser habitual, fue Pilar de Lara. En este caso, los hechos se remontan incluso hasta el año 2004. El auto del Ministerio Fiscal les acusaba a ambos de utilizar «dinero sucio» en la compra de varios locales en Lugo, Ourense y Asturias, que luego servían de establecimientos para el ejercicio de la prostitución.
M.G.A. y la que fuera su pareja sentimental, K.L., aceptaron ante el tribunal cuatro meses cada uno de prisión y una multa de 734.495 euros por un delito de blanqueo de capitales. Fueron las «dilaciones indebidas» de la causa por la que se rebaja el castigo a esta pareja, dado que la Fiscalía pedía inicialmente para ambos dos años y medio de prisión y 1,5 millones de euros de multa.
El hombre condenado es el ex dueño de varios clubes de alterne, entre otros el Eros, que se investigó en el marco de la Operación Carioca que llevaba la entonces jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial -precisamente por acumular dilaciones indebidas en sus casos- y que tuvo que abandonar su plaza y trasladarse a Ponferrada.
Este juicio formaba parte de una de las piezas separadas de la causa, cimentada en la investigación sobre redes de prostitución en Lugo. Según relata la Fiscalía, los dos acusados utilizaban contratos de compraventa de diferentes locales, fincas y bienes para encubrir desvíos de dinero hacia diferentes cuentas, varias de ellas propiedad de la familia de la mujer, localizadas en Colombia país de origen de la acusada. Las operaciones que fueron juzgadas se extendieron durante cinco años, entre el 2004 y el 2009. Ambos condenados ahora llegaron a poseer distintos negocios en Lugo, Ourense y también en Asturias.
El pasado mes de noviembre, M.G.A fue condenado a tres años y medio de prisión tras un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el que se le redujo la pena en gran medida, ya que se pedían 26 años en un principio. Otra vez, las dilaciones indebidas fueron las causantes de la rebaja. Admitió ser culpable de los delitos de prostitución, de atentado contra los derechos de los trabajadores, de inmigración ilegal y de posesión de armas de forma ilícita.
El abogado de los acusados, José López Riopedre, confirmó ante los medios que optaron «por tirar de pragmatismo puro y duro, asumir unos hechos controvertidos. Hay hechos en que estábamos completamente seguros de la inocencia de mis defendidos pero esto podría suponer quizá llegar al Supremo y estar siete u ocho años más con este vía crucis para ellos», explicó.
El abogado criticó las «instrucciones» que llevó la jueza Pilar de Lara y recordó que «hay una sanción prácticamente firme a esta jueza instructora por llevar macrocausas a diestro y siniestro e imputando a centenares de ciudadanos, un poco a la ligera».
López Riopedre insistió en que el acuerdo es «fruto del mal proceder en la instrucción», según dijo. «Durante todos estos años no ha sido un camino de rosas porque mis defendidos han estado firmando, sometidos a una serie de medidas cautelares muy gravosas, estuvieron prácticamente desterrados durante varios años y tuvieron que abandonar la comunidad de Galicia», ha indicado en relación a algunos de los «agravios» de esta investigación.
«Un poco nos hemos beneficiado a la larga de poder sacar adelante la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas y esto nos ha sucedido a nosotros y sucederá en todas las macrocausas, porque hablamos de vistas que tienen lugar al cabo de doce, trece, catorce años que ni los atentados de Atocha tardaron tantos años en juzgar, ni siquiera el Prestige», concluyó.
