Lugo cobrará a las empresas por sus canalizaciones de luz, gas o carburante
LUGO CIUDAD
El Concello crea una tasa para gravar a las compañías por la utilización del espacio público, ya sea en el suelo, aéreo o en el subsuelo
11 feb 2022 . Actualizado a las 17:15 h.El Concello de Lugo impulsará una ordenanza en la que regulará el cobro a las compañías distribuidoras de energía por la ocupación del espacio público. Es decir, les pasará la factura por la ocupación que sus cables o canalizaciones hacen del subsuelo, el suelo o el espacio aéreo.
La edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, explicó que la finalidad de dicha tasa es buscar la «equidade tributaria» y que así finaliza la «amnistía fiscal» para las grandes distribuidoras de energía. La tasa gravará el aprovechamiento especial que este tipo de compañías hacen de la vía pública, atendiendo así a la afección que ocasionan sobre los bienes municipales o comunales.
El cálculo de la tasa es complejo. Han tomado como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de esos usos, y la cuota a pagar será el resultado de aplicar un tipo impositivo «á base impoñible na que se ten en conta ese valor das instalacióins e da súa ocupación», desgrana Alvarellos, que explicó que habían tomado como referencia las sentencias del Tribunal Supremo que motivan tal ordenanza.
Así, establecen dos tipos impositivos diferentes, en función de la intensidad de uso del dominio público. Se aplicará un tipo del 5 % a los aprovechamientos especiales, tales como cajas de amarre, líneas subterráneas, torres metálicas, apoyos, transformadores o depósitos, mientras que se aplicará un 2,5 a líneas aéreas o cables de transporte de energía.
La nueva norma incluirá un cuadro de tarifas que distinguirá líneas aéreas, subterráneas de alta tensión o destinadas al suministro de gas e hidrocarburos, y ellas tendrán que pagar anualmente lo que les corresponda.
El Concello está redactando un estudio inventario para conocer el impacto de este tipo de infraestructuras en Lugo y también de cara a mejorar posteriores inspecciones. Este trabajo se financia al 50 % al amparo de un convenio que la diputación firmó con 54 municipios de la provincia de cara a que estos puedan ejercer el papel que les corresponde a la hora de recaudar tributos.